Matanyahu Engelman, Contralor del Estado, publicó un informe este miércoles sobre el trato de la policía de Israel hacia la comunidad etíope del país, con testimonios y estadísticas que reflejan acciones discriminatorias hacia este sector de la ciudadanía.
“Regresé a casa después de una semana en la base y cometí el error de quitarme el uniforme para salir a tirar la basura. Pasó un patrullero, yo vestía una sudadera con capucha y un policía se detuvo a mi lado. Me preguntó qué estaba haciendo allí y le respondí que era mi casa. Me pidió un certificado, le dije que podía buscarlo dentro de la casa y me dijo que no. Mientras afuera llovía a cántaros, él estaba dentro del auto averiguando mis antecedentes”, cuenta un soldado, hijo de inmigrantes etíopes, sobre una situación tensa que experimentó y que está citada en el informe de Engelman.
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Policías israelíes detienen a un israelí descendiente de etíopes en una marcha en 2015.
(Yaron Berner)
Además de testimonios, el informe concluye que las tasas de vigilancia, la aplicación de la ley y la apertura de expedientes contra los israelíes de origen etíope son mucho más altas que entre la población total israelí. Además, asegura el Contralor, la confianza del sector etíope hacia la institución policial sigue siendo mínima, especialmente desde la ola de protestas que se desató en 2019 después de que dos jóvenes de la comunidad etíope murieron a manos de agentes de policía.
En abril de 2015 se difundió un video en el que un policía golpeaba y detenía sin motivo aparente a Damas Fekade, un soldado de origen etíope. En ese momento también se desató una fuerte ola de manifestaciones en diferentes puntos de Israel. Dos años después de la última revuelta, y pese a las medidas que se anunciaron cuando se desataron los focos de violencia, el informe de Engelman determinó que la discriminación policial contra los etíopes sigue existiendo.
El Contralor del Estado revela que las intervenciones policiales hacia la población etíope es significativamente mayor al 1,7%, su porcentaje total en la población de Israel. Mientras en la población adulta es 1,9 veces superior a la media general, entre los menores de 18 años es de 3,8 veces, casi el cuádruple.
Los interrogatorios y los expedientes abiertos contra menores de edad afectan las posibilidades de los jóvenes etíopes de alistarse en el ejército e integrarse a la sociedad israelí. En relación a esto, el informe estatal señala que muchas veces los adolescentes del sector etíope no saben que cuentan con expedientes judiciales abiertos en su contra, y en otros casos no cuentan con la capacidad o el apoyo necesario para ocuparse de cerrar los casos y no dañar su incorporación a las FDI.
La confianza del sector etíope hacia la institución policial sigue siendo mínima, especialmente desde la ola de protestas que se desató en 2019 después de que dos jóvenes de la comunidad etíope murieron a manos de agentes de policía.
En noviembre de 2018 el expresidente Reuven Rivlin junto a Ayelet Shaked, en ese entonces ministra de Justicia, promovieron un plan de indultos que facilitaba la supresión de los antecedentes penales que pesaban sobre jóvenes israelíes descendientes de etíopes. El Contralor del Estado revela que desde entonces y hasta mayo de este año la justicia recibió 140 pedidos de supresión de antecedentes, una cifra ínfima y que la auditoría explica en la falta de confianza en las instituciones. De ese total, apenas 48 pedidos fueron respondidos afirmativamente.
En cuanto a los niveles de confianza de la comunidad etíope hacia las fuerzas de seguridad, la policía no logró cumplir con el objetivo que se fijó en 2019, que consistía en alcanzar un 30% de aceptación y confianza entre los etíopes encuestados. La tasa de confianza apenas rozó el 13%, un índice mucho más bajo que el registrado en el promedio de la población israelí.
El informe de Engelman también refleja que la tasa de denuncias de ciudadanos de origen etíope hacia la policía es del 4,5% sobre las denuncias totales, más del doble que el porcentaje de la población etíope en el país. El 60% de estas denuncias presentadas entre 2017 y 2019 están relacionadas al uso de la fuerza o comisarías que desestimaron denuncias realizadas por etíopes. El Contralor investigó que en su mayor parte estas acusaciones contra la policía no se resuelven y se terminan archivando.
