La firma israelí NSO Group, creadora de Pegasus, el programa que fue utilizado en medio centenar de países para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos, opositores e incluso a jefes de gobierno, se desvinculó el martes de cualquier relación con el primer detenido en México por el escándalo de espionaje en torno a este software.
La fiscalía mexicana informó el lunes del arresto y la apertura de proceso contra Juan Carlos García Rivera por intervenir comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial con el agravante de cometerse en contra de una periodista “con la finalidad de afectar, limitar y menoscabar su libertad de expresión”.
La fiscalía no ofreció el nombre de la comunicadora y solo identificó al detenido Juan Carlos “G” ya que la ley mexicana no permite dar el nombre completo de los procesados.
García Rivera es un empresario vinculado a la empresa Proyectos y Diseños VME y al grupo K.B.H compañías enlistadas por el gobierno mexicano como parte de las empresas “fachada” que suscribieron contratos con entidades oficiales de seguridad e inteligencia relacionados con la adquisición de Pegasus durante las administraciones de Felipe Calderón (2006-2011) y de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
En un comunicado conjunto, las organizaciones Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, R3D, Social Tic y Artículo 19, colectivos que acompañaron las denuncias de espionaje, indicaron que todo apunta a que esas empresas fueron las intermediarias de NSO Group en México.
Enfatizaron, además, que García Rivera es “pieza clave en la trama para entender el uso ilegal del software Pegasus en México, tanto en el ámbito público como privado” y consideraron su arresto muy importante para empezar a llevar ante la justicia a los responsables de esta red no solo en México sino en el resto del mundo.
En un mensaje enviado a The Associated Press el martes, NSO Group aseguró que el detenido “no es, ni nunca fue, un empleado de NSO Group ni de ninguna de sus filiales” pero no aclaró si tuvo alguna otra relación con él o con las mencionadas compañías. AP solicitó un comentario al respecto pero no obtuvo respuesta de forma inmediata.
Asimismo, NSO reiteró que su tecnología, destinada a rastrear presuntos criminales, “sólo puede ser vendida a agencias gubernamentales verificadas y que no puede ser operada por compañías privadas o individuales”.
Las primeras denuncias del uso de Pegasus contra periodistas y defensores de derechos humanos surgieron en México en 2017.
En julio pasado, la organización Forbidden Stories, con sede en París, y Amnistía Internacional, en coalición contra otras ONG y medios, demostraron que el alcance de este programa de espionaje iba mucho más allá. Consiguieron una lista de más de 50.000 números de teléfonos celulares presuntamente seleccionados por clientes de NSO para un potencial espionaje entre los que había incluso jefes de estado. La mayor cantidad de números de la lista, 15.000, correspondía a teléfonos de México.
En aquel momento, NSO Group rechazó haber tenido “una lista de blancos potenciales, pasados o existentes”, dijo que no tenía acceso a los datos de sus clientes y negó los señalamientos en su contra.
