El martes, la Corte Suprema rechazó la apelación del director local de la organización Human Rights Watch, Omar Shakir, para bloquear el intento del gobierno de expulsar por apoyar a BDS, un movimiento internacional de boicot contra Israel.
La Corte comunicó que no encontró pruebas suficientes para revocar un fallo de un tribunal inferior que confirmó la decisión del gobierno de no renovar la visa de trabajo del funcionario.
La orden inicial lo obligaba a abandonar el país ya que su activismo contra los asentamientos de Israel en Judea y Samaria equivalía a apoyar al movimiento BDS.
Una ley israelí de 2017 prohíbe el ingreso al país a aquellos que apoyan públicamente un boicot contra Israel o los asentamientos.
Human Rights Watch asegura que su funcionario en la región no ha abogado por un boicot contra Israel.
En respuesta, Shakir comunicó que si el gobierno insistía en su deportación, tendría que irse en 20 días e Israel "se uniría a las filas" de Irán, Corea del Norte y Egipto quienes bloquean el acceso de los funcionarios de Human Rights Watch.
Israel ha adoptado una postura dura en los últimos años hacia el movimiento BDS, cuyo objetivo es deslegitimar la existencia de Israel y borrarlo del mapa.
El movimiento BDS se presenta como una campaña no violenta por los derechos de los palestinos y asegura que no respalda una solución específica al conflicto.
Maurice Hirsch, abogado de la ONG Monitor, que se unió al caso contra Shakir, dijo que su agrupación había presentado pruebas desde 2010 que demuestran que el funcionario acusado apoyaba públicamente a BDS. Shakir asumió su cargo en Human Rights Watch en 2016.
Hirsch añadió que el fallo que exige que Shakir abandone Israel es "una expresión importante de la democracia israelí".
"El tribunal confirma que, mientras estuvo en Israel, Shakir pasó su tiempo denigrando a Israel y promoviendo las actividades de BDS", manifestó. "A pesar de sus afirmaciones, el trabajo de Shakir tenía muy poco que ver con la protección de los derechos humanos".
La presidenta de Shurat HaDin, la abogada Nitsana Darshan-Leitner, también elogió la decisión judicial.
"La Corte Suprema demostró que no existe el derecho de entrar al país, de trabajar y ni siquiera de realizar una demanda de este tipo, para aquellos que trabajan para dañar al Estado de Israel y luchan por su destrucción", comentó.
"Shakir es quien presionó a Airbnb para que elimine las casas judías de los asentamientos en Judea y Samaria e incluso se enorgulleció de que esa plataforma de alojamiento cumpla con sus dictados", añadió.
La decisión también generó algunas críticas, ya que el abogado israelí de derechos humanos, Michael Sfard, lo calificó como "un mal día" para Israel.
"Israel se ha unido hoy a naciones como Siria, Irán y Corea del Norte que ya han expulsado a los representantes de HRW para silenciar las críticas a las violaciones de derechos humanos que tienen lugar en los territorios (palestinos)", escribió Sfard en un comunicado.
La decisión del martes se retrasó durante meses, ya que Shakir y sus partidarios presentaron una apelación contra la deportación. El tribunal le permitió quedarse en Israel mientras se llevaba a cabo el proceso.
