Ante el anuncio de la investigación de crímenes de guerra en Gaza y Cisjordania que realizará la Corte Penal Internacional (CPI), desde hace algunas semanas autoridades israelíes recurren a sus pares estadounidenses para solicitar el apoyo de Washington.
El tema fue conversado el mes pasado por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el presidente norteamericano Joe Biden. También fue abordado en los contactos entre Gabi Ashkenazi, canciller de Israel; y Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos.
Actualmente la relación de la Casa Blanca y la CPI de La Haya no goza de buena salud, luego de que el expresidente Donald Trump impusiera sanciones a la institución y le prohibiera el ingreso al país a la fiscal general Fatou Bensouda, quien impulsa la investigación contra Israel. Conocida la noticia este miércoles, desde Israel criticaron duramente al tribunal, con la voz de Netanyahu a la cabeza.
Desde la asunción de Biden la comunidad internacional se pregunta y cuestiona por qué Estados Unidos no levantó las sanciones sobre el organismo internacional. En Jerusalem estiman que en Washington no impondrán nuevas sanciones y se conformarán con mantener las que ya están vigentes.
La investigación impulsada por Bensouda abarca hechos ocurridos a partir del 13 de junio de 2014, un día después de iniciada la apertura de la operación “Retorno de los Hermanos” que intentó recuperar a tres israelíes secuestrados en Gaza. Posteriormente, este hecho desencadenó en la operación Margen Protector en el enclave palestino.
La intervención de la CPI pone en riesgo la situación judicial de funcionarios israelíes y personal militar, quienes pueden verse expuestos a procesos penales y órdenes de arresto internacionales. Esto incluye al primer ministro, comandantes, oficiales superiores y diversos ministros, cargos que no gozan de inmunidad ante estas situaciones.
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Fatou Besouda, fiscal general de la CPI, tiene prohibido el ingreso a Estados Unidos.
(AP)
El tribunal puede emitir órdenes de arresto en secreto en cualquiera de los 122 estados miembros, que incluyen a casi todos los países de Europa y América, excepto Estados Unidos, además de algunos países africanos, Australia, Japón y otras regiones de Asia.
Todos estos países están obligados a detener y transferir a la CPI a las personas sobre quienes recaen las órdenes de arresto, lo que restringiría severamente la actividad de funcionarios israelíes en el mundo.
