El fiscal general, Avichai Mandelblit, advirtió el domingo que se está poniendo a prueba la democracia y manifestó que protegerá el sistema político democrático de Israel.
"Ahora más que nunca debemos estar atentos para asegurar que las medidas del gobierno se tomen de acuerdo con la ley", escribió Mandelblit en una carta dirigida a la Corte Suprema.
El tribunal se dispone a recibir mociones contra ciertas decisiones gubernamentales tomadas para frenar la propagación del coronavirus, como la vigilancia digital de los ciudadanos.
A fines de la semana pasada, Mandelblit bloqueó un esfuerzo del partido Likud, de Benjamín Netanyahu, para incluir a la Knesset entre los lugares de trabajo que deben limitar su actividad y la cantidad de personas que pueden albergar.
Los ministros del Likud Dudi Amsalem, Ze'ev Elkin y Yariv Levin, todos cercanos a Netanyahu, argumentaron en una reunión de gabinete el jueves que la actividad de la Knesset debería suspenderse de acuerdo con las directrices del Ministerio de Salud.
Pero Mandeblit se opuso a la iniciativa alegando que el gobierno no tiene autoridad sobre el Parlamento y que la Knesset puede continuar funcionando respetando las pautas que limitan el número de personas en un mismo sitio y otras restricciones impuestas por el Ministerio de Salud.
"La oficina del fiscal general está trabajando las 24 horas", declaró una fuente judicial.
"Mandelblit garantiza que se respeten los derechos humanos y el estado de derecho", agregó.
"La oficina del fiscal general está trabajando las 24 horas"
La misma fuente indicó que el fiscal general es la última línea de defensa para garantizar el cumplimiento de la ley. "No se pueden introducir regulaciones sin la aprobación de la oficina del fiscal general, incluida la suspensión de licitaciones para equipos médicos específicos y el uso de medicamentos para ser administrados a pacientes con coronavirus", expresó.
"El poder judicial está ayudando a eliminar algunos trámites burocráticos y regulaciones para acelerar los procesos para garantizar el suministro de bienes vitales para el consumo público y más", aseveró el funcionario judicial.