Un panel de tres jueces que comprende la sala preventiva de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, Países Bajos, solicitó una aclaración de la Autoridad Palestina (AP) sobre la declaración del presidente Mahmoud Abbas respecto de la nulidad de todos los acuerdos con Israel.
Los jueces intentan averiguar si los comentarios de Abbas incluyen los Acuerdos de Oslo, firmados en 1993 y 1995, que ayudaron a establecer la Autoridad Palestina como una entidad legítima.
Los jueces, que deliberarán y luego decidirán si el tribunal tiene jurisdicción para abrir una investigación penal sobre presuntos crímenes de guerra de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la Franja de Gaza, Judea y Samaria y Jerusalem Oriental, han otorgado a Ramallah tiempo hasta el 10 de junio para responder.
La reacción explosiva de Abbas contra los planes de Israel de aplicar la soberanía sobre partes de Judea y Samaria, pudo haber puesto a la AP en una especie de problema.
"Si renuncia al acuerdo que por primera vez le otorgó autonomía en las áreas que reclama para su Estado y, por lo tanto, le devuelve las llaves a Israel, ¿cómo puede argumentar que Palestina es un Estado soberano que puede transferir jurisdicción a La Haya para una investigación de crímenes de guerra?”, señaló un funcionario israelí.
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El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, durante su discurso en el cual declaró nulos los acuerdos con Israel.
(Reuters)
Además de la fecha límite que el tribunal le otorgó a la Autoridad Palestina, los jueces le ordenaron a la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, que una vez que reciba la respuesta palestina, le conteste a la AP antes del 14 de junio. Bensouda, quien el 30 de abril afirmó que “Palestina es un Estado”, sostiene que la Corte de La Haya puede lanzar una investigación contra Israel, basando su argumento parcialmente en los Acuerdos de Oslo.
La decisión del tribunal sobre si abrir o no una investigación sobre presuntos crímenes de guerra de Israel podría tomarse dentro de 90 días, aproximadamente.
El tribunal ha invitado a Israel a responder a cualquier información adicional que Ramallah pueda proporcionar, pero el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y su gobierno evitan hacerlo, ya que temen que de esta manera se considere que Jerusalem le otorga legitimidad a la CPI. En uno de sus primeros pronunciamientos públicos luego de asumir nuevamente como primer ministro, Netanyahu describió los posibles procesos penales como una "seria amenaza estratégica".
