El nuevo gobierno de Estados Unidos, presidido por Joe Biden aumentó de manera reservada la asistencia a los palestinos después de que el expresidente Donald Trump cortó casi el total de la ayuda. Desde que asumió el cargo con el compromiso de revertir muchas de las decisiones en temas israelo-palestinos de Trump, la nueva administración asignó casi 100 millones de dólares a los palestinos, de los cuales solo una pequeña parte fue dada a conocer.
El gobierno estadounidense anunció el último jueves el envío de 15 millones de dólares a comunidades palestinas vulnerables en Cisjordania y Gaza para ayudar a combatir la pandemia de COVID-19. Un día después, sin ningún anuncio público, notificó al Congreso que transferirá a los palestinos 75 millones de dólares para apoyo económico, que se utilizarán en parte para recuperar su "confianza y buena voluntad" después de los recortes de la era Trump.
El Departamento de Estado se negó a dar declaraciones y no aclaró si en los 75 millones estaban incluídos los 15 ya enviados. El plan de financiación representa un cambio importante en el enfoque de Estados Unidos hacia los palestinos después de las recriminaciones mutuas durante los años de Trump.
La administración de Biden no ocultó su postura acerca de que el enfoque de Trump, que alienó a los palestinos, era defectuoso y hacía menos probables las perspectivas de paz. La nueva asistencia parece tener como objetivo alentar a los palestinos a regresar a las negociaciones con Israel.
Al anunciar la asistencia, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, señaló que se trata de "una parte de nuestro compromiso renovado con el pueblo palestino".
La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) emitió un informe según el cual la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) no había examinado de forma adecuada a los receptores de esos fondos según los criterios contra el terrorismo que exige la ley.
Estados Unidos no puede brindar ayuda a la Autoridad Palestina o financiar proyectos en los que se vería beneficiada mientras que la autoridad pague estipendios a perpetradores o familiares de condenados por ataques antiisraelíes o estadounidenses. Dichos pagos fueron una de las razones por las que la administración Trump suspendió la ayuda.
