Independientemente de dónde se encuentre con respecto a Donald Trump y sus políticas, debería preocuparse por las actitudes recientes de algunas redes sociales como YouTube, Facebook, Snapchat, Shopify, Twitter, entre otras. Sucede que, tras los disturbios en el Capitolio del pasado 6 de enero, los líderes de estas empresas decidieron bloquear, suspender o eliminar la capacidad de expresión del todavía presidente de los Estados Unidos.
El derecho fundamental que tienen las personas a decir, manifestar y difundir de manera libre lo que piensan es consagrado y venerado por muchas constituciones y cartas de derechos humanos. Su defensa suele corresponder, casi en la totalidad de los casos, a evitar que los gobernantes bloqueen a oradores en función de su contenido.
Las empresas privadas no tienen la obligación de ofrecer una plataforma para que las personas se expresen. Nadie, todavía, tiene el derecho constitucional a una cuenta de Twitter. Ahora bien, a diferencia de las intervenciones gubernamentales que limitan el discurso, estas compañías tienen la oportunidad de tomar decisiones sobre bloqueos o suspensiones sin otorgar una instancia de apelación, lo que, dado su peso cultural generalizado en nuestra sociedad, es un tanto controversial, independientemente de la ley.
Algunos de los líderes tecnológicos en este espacio han reconocido que tienen un poder enorme para prevenir y promover el habla. Por ejemplo, Matthew Prince, director ejecutivo de Cloudflare, reconoció que “nadie debería tener esa capacidad”. Adam Mosseri, jefe nada más y nada menos que de Instagram, propiedad de Facebook, admitió abiertamente que sus políticas, aunque tal vez se esfuercen por serlo, no son neutrales .
Las reglas y regulaciones aquí son importantes, ya que no se puede confiar en que las empresas privadas hagan siempre lo correcto. No deberíamos dejarnos llevar por la idea de que estas compañías actuaron en pos de la democracia al suspender las cuentas del magante republicano. En realidad, probablemente fue una decisión comercial. Twitter y Facebook, al igual que otras grandes corporaciones de otros rubros, actúan según lo que favorece a su negocio. También pueden haber actuado por temor a perder ingresos publicitarios.
Por otra parte, la decisión de boicotear a Trump puede haber sido una estrategia para ganarse el favor de los demócratas, quienes a partir del próximo 20 de enero estarán en el poder. Sucede que tanto Joe Biden como Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, han expresado cierto interés en modificar la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que protege a las compañías tecnológicas.
La Sección 230 otorga importantes exenciones a los medios, como la quita de responsabilidad legal por proporcionar una plataforma que permite la incitación a la violencia. En este sentido, hay un consenso bipartidista para revisar estas excepciones. Quedará en manos de los demócratas comenzar a limitar o no el poder de estas compañías.
La Ley de Decencia en las Comunicaciones se desarrolló cuando surgió Internet y se diseñó específicamente para plataformas que, a diferencia de un editor de un periódico o revista, no podían controlar de manera factible todo el contenido que se descargaba en sus sitios.
3 צפייה בגלריה
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insta a sus partidarios a marchar hacia el Congreso.
(Reuters)
No obstante, el profesor de Derecho de Harvard, Alan Dershowitz, sugirió que Internet ha cambiado. En aquel entonces, se suponía que las plataformas eran como taxis, que recogían a todos sin tener en cuenta sus políticas. De a poco comenzamos a notar que estas redes de comunicación interconectadas no se manejan con total libertad.
Según Dershowitz, el reciente ataque a grupos radicales de derecha en general, y a Donald Trump en particular, ha demostrado efectivamente que las plataformas actúan como censuradores y no deberían beneficiarse de las protecciones otorgadas por la Sección 230. "Una vez que actúas como editor, eres un editor. Puedes ser demandado como tal", afirmó.
