La Ley de Coronavirus aprobada la semana pasada por la Knesset es extremadamente problemática.
La ley otorga al gobierno la autoridad para imponer restricciones que muy bien podrían alterar el la vida en Israel: limitar las reuniones públicas, cerrar instituciones educativas, paralizar la economía, decidir cómo debemos salir de nuestros hogares y hacer cumplir dichas restricciones bajo amenazas de cargos penales y administrativos.
La ley permite al gobierno, por un período de hasta casi un año, declarar un estado especial de emergencia y, en ese sentido, tener autoridad para establecer regulaciones.
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Manifestación frente a la residencia oficial del primer ministro en Jerusalem pidiendo su renuncia.
(Yoav Dudkevitch)
Bajo cualquier otra circunstancia, la Knesset debe aprobar cualquier restricción o regulación que el gobierno busque implementar. Sin embargo, esta nueva ley otorga al gobierno el poder de establecer restricciones sin solicitar la aprobación parlamentaria.
Después de las críticas, se incluyó una cláusula que impone un retraso de 24 horas a cualquier medida nueva del gobierno para dar a la Knesset la oportunidad de detener su implementación.
Pero si la Knesset no alcanza un acuerdo sobre la regulación propuesta dentro de esas 24 horas, las nuevas medidas entrarán en vigencia automáticamente.
No obstante, la ley establece que en situaciones urgentes, el gobierno puede implementar regulaciones de inmediato, dejando que la Knesset sólo debata esas medidas retroactivamente, y en teoría las regulaciones pueden implementarse sin la aprobación parlamentaria durante varias semanas.
No hay duda de que la pandemia de coronavirus requiere un gobierno que pueda ejercer su autoridad y también justifica otorgarle amplios poderes, así como flexibilidad y rapidez para actuar.
Es mejor que el gobierno funcione a través de un proceso legislativo adecuado y no en virtud de las regulaciones de emergencia, y el hecho de que el gobierno ya no necesita la aprobación de la Knesset para ciertas decisiones plantea un problema tanto práctica como democráticamente.
En términos de democracia, esta nueva ley da un duro golpe al principio de delegación de poderes en Israel. Se supone que la Knesset debe establecer las reglas y el gobierno debe implementarlas, no al revés. Este es un precedente muy inusual y peligroso.
Incluso si debe haber un retraso de uno o dos días mientras la Knesset reflexiona sobre las medidas propuestas, es de suma importancia proporcionar una voz al Parlamento, cuyo papel es representar al público israelí.
Las discusiones en la Knesset son transparentes y grabadas. Todo legislador tiene derecho a ser escuchado, pero este no es el caso cuando se trata de deliberaciones del gobierno.
En un nivel práctico, la lucha contra la pandemia de coronavirus está fallando esencialmente no por una decisión en particular sino porque el público ha perdido completamente la confianza en el gobierno.
Los ciudadanos actualmente se niegan a seguir las reglas establecidas por el gobierno.
Invertir un poco más de tiempo y dinero en el proceso de toma de decisiones de la Knesset habría dado a las nuevas regulaciones una verdadera legitimidad a los ojos del público.
Una situación en la que el gobierno toma decisiones y luego las revoca en la Knesset sirve tanto para confundir al público como para resaltar la ineptitud del gobierno.
La naturaleza frenética del proceso de toma de decisiones del gobierno no ayuda en la lucha contra la pandemia.
Por lo tanto, debemos dejar que la Knesset hable y sólo entonces decidir qué regulaciones implementar.
El doctor Amir Fuchs es investigador del Instituto de la Democracia de Israel.
