En respuesta a las masivas protestas contra las reformas del sistema judicial del sábado a la noche, Miki Zohar, ministro de Cultura, afirmó: “En las marchas había miles y en las elecciones millones, prometimos reformas y cumpliremos”. Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, agregó que “con el poder del pueblo se realizarán las reformas”.
Es difícil entender la confianza de los dos ministros en sus afirmaciones. Probablemente sea cierto que una gran porción de los votantes, especialmente del que votó al Likud y sus socios de coalición, apoyen una reforma del sistema judicial. Hasta muchos de los que no eligieron a este gobierno piensan que es necesaria y que Israel convive con un problema de gobernabilidad.
Pero en los hechos el conjunto de cambios previsto por Yariv Levin, el nuevo ministro de Justicia, no estuvo incluido en la plataforma electoral del Likud o de ningún otro de los partidos gobernantes. En la campaña electoral no se especificó que se impulsaría una mayoría simple para anular leyes de la Corte Suprema o los cambios en la composición del comité que selecciona jueces. Entonces, ¿cómo concluyeron Zohar y Smotrich que la mayoría de la gente apoya la propuesta formulada?
¿Con qué se puede comparar esta situación? Supongamos que un gobierno de centro-izquierda llega al poder y poco después firma un acuerdo para establecer un estado palestino. Ese gobierno podría argumentar que sus votantes apoyan la solución de dos estados para dos pueblos, y por lo tanto fueron elegidos para eso. Pero sería una razón infundada ya que los detalles de ese acuerdo no estaban a disposición de los votantes el día de las elecciones.
Un estado palestino desmilitarizado es muy diferente a uno que cuente con ejército. Un estado palestino con Jerusalem como capital es diferente a uno con Ramallah como capital. La superficie de este potencial estado también puede determinar si los votantes de centro-izquierda están a favor o en contra del acuerdo específico. Apoyar la solución de dos estados es muy diferente a apoyar un acuerdo específico para establecer un estado palestino. Por eso en el pasado líderes de centro-izquierda, como Barak y Olmert, afirmaron que cualquier acuerdo de este tipo se sometería a una decisión popular.
La situación actual es la misma. Si bien muchos apoyan una reforma al sistema judicial, no queda nada claro que apoyen la propuesta del ministro Levín. Tal vez algunos apoyen una cláusula, pero otras no, por la sencilla razón de que estas cláusulas no fueron informadas antes de las elecciones. Todo esto provoca que no sepamos realmente cuántos apoyan esta reforma. Entonces, ¿por qué no escuchamos a la gente?
Si tanto los partidarios como los opositores de la reforma propuesta sostienen que será refundacional para el país, para bien o para mal según quién lo diga, dejemos que la gente exprese su opinión. Solamente un referéndum que permita votar a favor o en contra determinará si existe una mayoría del pueblo que aprueba o no la reforma.
