Desde hace tiempo, Israel se ha estado preparando para el anuncio que la Corte Penal Internacional (CPI) hizo el miércoles sobre presuntos crímenes de guerra en Cisjordania, Gaza y Jerusalem Este. Las autoridades locales consideran cree que, sin duda, se trata de una investigación grave. Sin embargo, consideran que no existe un peligro inminente y podrán brindar protección legal a sus ciudadanos.
Los procesos como el que inició la CPI pueden llevar años y, como mínimo, pasarán meses antes de que se emita una posible orden judicial contra los israelíes. No obstante, en Jerusalem, buscan tomar medidas considerables y, de este modo, prepararse para las defensas legales.
De acuerdo con los protocolos de la CPI, la fiscal jefe Fatou Bensouda deberá enviar una carta oficial a las autoridades israelíes informándoles de la intención del tribunal y preguntándoles si el Estado cooperará en la investigación de los presuntos crímenes. Cuando llegue, Jerusalem tendrá 30 días para responder la carta.
No está claro en este momento si el reemplazo de Bensouda, el abogado británico Karim Khan, fue informado con anticipación del anuncio del miércoles o incluso si tiene la intención de continuar por el camino de su predecesora. Los funcionarios israelíes creen que Khan tendrá la autoridad para cambiar de rumbo si así lo decide.
La propia Bensouda ha admitido que los recursos de la CPI son limitados y que la pandemia de coronavirus puede retrasar aún más el proceso. Los funcionarios de Jerusalem insisten en que Israel no ha perpetrado ningún crimen de guerra ni actos ilegales y que esas acusaciones se aplican mejor a los horrores nazis o a las atrocidades cometidas durante los conflictos en la antigua Yugoslavia, Ruanda o Siria.
El fiscal general Avichai Mandelblit ha dedicado recientemente largas horas a reuniones con los líderes políticos para mitigar el peligro que representa la decisión de la CPI. Según Mandelblit, el tribunal carece de autoridad para juzgar las acusaciones, ya que los palestinos que formularon los cargos contra Israel no tienen un Estado o territorio independiente y, por lo tanto, no tienen jurisdicción sobre ninguna acción israelí.
También cree que la regla de la CPI de que un país que se investiga a sí mismo no tendría que responder ante La Haya se aplica a Israel en este caso. "El Estado judío está comprometido con los principios fundamentales del derecho internacional y es capaz de examinar de forma independiente las denuncias por violaciones a la ley. Por lo tanto, no hay motivo para la participación de la CPI en asuntos sujetos a la autoridad del Estado de Israel", declaró el fiscal general.
Mientras tanto, Israel recurrió a su aliado de larga data, Estados Unidos, en busca de ayuda: este miércoles por la noche, el Departamento de Estado norteamericano dejó muy en claro que si bien muchos aspectos han cambiado desde que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reemplazó a Donald Trump, algunas consideraciones son constantes.
