El puente aéreo de altos funcionarios estadounidenses que siguen aterrizando en Israel no augura nada bueno; ciertamente no la paz eterna que prometió el presidente de EE. UU., Donald Trump, pero tampoco el cambio positivo en el rostro de Medio Oriente que Benjamín Netanyahu ya se había atribuido como logro. Más bien, refleja un estado de pánico que se ha apoderado del gobierno en Washington, incapaz de completar la Fase A del plan de 20 puntos del presidente estadounidense. Ni siquiera cuenta con un esbozo inicial de una hoja de ruta consensuada por todos los socios, ni con un plan operativo ni financiamiento para implementar la Fase B.
El pánico obedece al temor de que Netanyahu —como ya hizo tras el anterior acuerdo de rehenes en invierno— aproveche la dilación y las tácticas de demora de Hamás, así como las dificultades para ejecutar la Fase B, como justificación (legítima) para reanudar la ofensiva. En Washington saben que los ministros del gobierno israelí, y probablemente el propio Netanyahu, creen que el desarme de Hamás y la neutralización de los túneles en la Franja de Gaza sólo pueden lograrse mediante una guerra total en la que las FDI derroten por completo a la organización. Están convencidos de que la situación actual, tras la liberación de todos los rehenes con vida, representa una oportunidad irrepetible para actuar con contundencia desde el aire y por tierra en todo el territorio de la Franja, sin temor a dañar a israelíes, hasta que los combatientes gazatíes levanten bandera blanca.
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El presidente de EE.UU. junto al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas.
(AFP)
Esto es precisamente lo que temen los cataríes y los turcos, actualmente cercanos al oído de Trump. Según fuentes bien informadas, lograron convencerlo de que si colapsa el alto el fuego, también se derrumbará su plan de 20 puntos. En el mejor de los casos, su implementación se postergará por mucho tiempo, lo que implicaría que se esfumen, también por largo tiempo, las posibilidades de Trump de imponer un nuevo orden en Medio Oriente y de ganar el Premio Nobel de la Paz.
Ante el estado de pánico que se apoderó del gobierno en Washington, Trump encontró una solución creativa, aunque algo primitiva: “Bibi-sitting”, una especie de niñera diplomática que consiste en enviar altos funcionarios a Israel para que, con su presencia física, disuadan a Netanyahu de reanudar los ataques y de obstaculizar la ayuda humanitaria (el puente aéreo ya no incluye a Steve Witkoff ni a Jared Kushner, quienes no pueden supervisar de cerca a Netanyahu mientras viajan en busca de cooperación en Medio Oriente).
El mecanismo de supervisión militar internacional liderado por EE. UU., instalado en Kiryat Gat, fue creado con ese propósito. Sus integrantes emplean medios de inteligencia para asegurarse de que ni las FDI ni Hamás lleven a cabo provocaciones que hagan colapsar el alto el fuego. El gobierno israelí se ve obligado, a regañadientes, a aceptar una situación en la que los estadounidenses atan sus manos y, en la práctica, permiten a Hamás prolongar la Fase A del plan mediante la liberación paulatina de los rehenes fallecidos.
Durante este tiempo, la organización restablece rápidamente su dominio civil y su poder militar en la Franja, perpetrando actos atroces con el objetivo de retomar el control sobre unos dos millones de gazatíes mediante el terror absoluto. Cuando entró en vigor el alto el fuego y comenzaron a llegar reportes filmados sobre el desenfreno de los hombres de Hamás, Trump declaró ante periodistas que no consideraba necesario oponerse a que la organización mantuviera temporalmente la seguridad de la población. Sólo después de que se intensificó el flujo de videos —grabados y difundidos por el propio Hamás— sobre ejecuciones masivas, también en la Casa Blanca, y probablemente en Catar, comprendieron que sus protegidos se habían excedido. Al menos por ahora, las atrocidades cometidas a plena vista en las calles de la Franja han disminuido considerablemente, bajo el pretexto de combatir bandas criminales.
Las FDI piden permiso
Hamás controla actualmente el 43 % del territorio de la Franja y a la mayoría de su población. Los estadounidenses denominan a esta zona, ubicada al oeste de la “línea amarilla” a la que se replegaron las FDI, como “zona roja”. Según las reglas que establecieron en consulta con altos mandos del Estado Mayor israelí, en esa zona las FDI tienen prohibido iniciar operaciones ofensivas de gran intensidad. Sólo se permite a los soldados abrir fuego en defensa propia si son atacados desde allí. Pero las FDI deben, a través del mecanismo de coordinación y supervisión, notificar a los estadounidenses —y en la práctica pedir permiso— para cualquier “acción ofensiva excepcional” en ese territorio.
La zona bajo control de las FDI, al este de la línea amarilla (y también en franjas estrechas al norte y al sur de ella), es llamada por los estadounidenses “zona verde”. Se trata del 57 % del territorio de la Franja, bajo dominio absoluto de las FDI. Allí viven actualmente unos 200 000 gazatíes, en su mayoría pertenecientes a clanes y grupos armados (incluidas bandas criminales) que se oponen a Hamás.
En esa zona, incluso durante el alto el fuego, las FDI llevan a cabo una intensa actividad de detección y destrucción de túneles y otras infraestructuras terroristas. De vez en cuando se topan con células de Hamás y de la Jihad Islámica atrapadas en los túneles, que en casos excepcionales atacan a los soldados israelíes. Las órdenes de apertura de fuego en esa zona son categóricas: se dispara contra cualquier persona o cosa que represente una amenaza para la fuerza, sin necesidad de autorización superior.
El principal desacuerdo entre EE. UU. e Israel gira en torno de la liberación deliberadamente lenta de los rehenes fallecidos. Los altos funcionarios estadounidenses, encabezados por el vicepresidente Vance, recibieron informes del jefe del Estado Mayor y de altos mandos de seguridad, y quedaron convencidos —por el material presentado— de que la acusación israelí sobre la demora intencional por parte de Hamás era fundada. Por ello, hacia el fin de semana, Israel recibió luz verde para retrasar parte de la ayuda humanitaria y para impedir la apertura del cruce de Rafah, con el fin de ejercer presión.
En cualquier caso, tanto en Jerusalem como en Washington están bastante seguros de que la Fase A del plan de Trump se completará, aunque en un calendario más lento del previsto. ¿Qué ocurrirá con la Fase B del plan? ¿Es siquiera posible implementarla? Ese es el gran interrogante que preocupa a todos, especialmente a la Casa Blanca.
Fuentes extranjeras e israelíes afirman que dos obstáculos fundamentales están bloqueando actualmente los esfuerzos de Witkoff, Kushner y del comandante de CENTCOM, Bradley Cooper, para llevar a cabo el plan: el primero es la negativa de Hamás a desarmarse y su insistencia en permanecer en Gaza como fuerza dominante, aunque sea tras bambalinas. El segundo obstáculo está relacionado con la postura del gobierno israelí, que rechaza que la Autoridad Palestina tenga participación en el gobierno civil ni en las fuerzas de seguridad (la policía) que ingresarán a la Franja tras ser entrenadas en Jordania y Egipto con ayuda de Estados Unidos.
El obstáculo del desarme de la Franja
Si bien Hamás declaró que acepta el plan de 20 puntos —que incluye la exigencia de desmilitarizar la Franja—, ahora propone una fórmula creativa para resolver la cuestión: en primer lugar, se desarmaría sólo de armamento ofensivo pesado (cohetes, misiles antitanque y drones), pero no de las armas destinadas a la “autodefensa”. Es decir, conservaría fusiles Kaláshnikov y M16, lanzacohetes RPG, granadas y explosivos. (De hecho, Hamás ya está recolectando con frenesí miles de restos de proyectiles en la Franja para extraer explosivos y fabricar artefactos caseros). Esto implica dos cosas: que Hamás podrá seguir controlando a la población mediante la fuerza, como hace Hezbolá en el Líbano, y que podrá llevar a cabo guerra de guerrillas contra Israel.
El segundo punto de la fórmula de Hamás establece que la organización sólo aceptará desarmarse por completo de su “armamento de resistencia” si éste se entrega a manos palestinas. Más precisamente, Hamás se desarmaría totalmente sólo si puede transferir sus armas a un Estado palestino, si es que alguna vez llega a fundarse. Esta exigencia, que cuenta con el respaldo de Catar, Turquía y posiblemente Egipto, implica que Hamás no se desarmará realmente, sino de forma simbólica, entregando su armamento ofensivo pesado (en su mayoría ya destruido durante la guerra) a un actor árabe afín.
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Un tractor turco en la Franja de Gaza. Los primeros pasos de la rehabilitación.
(IHH)
Por esta razón, la gran mayoría de los países musulmanes que habían prometido enviar tropas para integrar la “fuerza multinacional de estabilización” que se desplegaría en Gaza están ahora dando marcha atrás y eludiendo los pedidos estadounidenses. La mayoría teme que sus soldados deban enfrentarse a Hamás para desarmarlo y sufran bajas, o que los bombardeos israelíes contra la organización —que insiste en reconstruirse— los pongan en peligro.
Al mismo tiempo, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita se niegan a invertir los miles de millones prometidos para la reconstrucción de Gaza mientras Hamás siga armado, incluso con armas ligeras, y presente en la Franja. Temen que, mediante acciones de guerrilla, provoque una reanudación de la guerra y destruya lo reconstruido. Las monarquías sunitas moderadas temen que sus inversiones se pierdan. Otra vez.
Resistencia a la participación de la Autoridad Palestina
Netanyahu y el gobierno de derecha que encabeza temen que el regreso de los hombres de Abu Mazen a Gaza sea el primer paso práctico hacia la creación de un Estado palestino en la Franja y en amplias zonas de Cisjordania. Para apaciguar a Trump, Israel declara que acepta su propuesta de que la Autoridad Palestina participe en el gobierno de Gaza, pero sólo después de que se lleven a cabo reformas profundas que incluyan la erradicación de la corrupción, el cese del pago de salarios a terroristas y el fin de la educación en el odio hacia Israel. Para Netanyahu, ése es un límite infranqueable.
En Jerusalem creen —de hecho, están convencidos— de que ese cambio en la Autoridad Palestina nunca ocurrirá, por lo que no tienen problema en prometerlo. Pero también aquí, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se niegan a involucrarse en Gaza sin la legitimidad de Abu Mazen. Es decir, sin que la AP forme parte del gobierno que reemplace a Hamás.
Catar y Turquía, en cambio, están dispuestas a participar en la fuerza multinacional y a obtener jugosos beneficios del proceso de reconstrucción de la Franja sin imponer condiciones. Pero Israel no desea la presencia armada, ni siquiera civil, de estos dos actores, que son en esencia parte de los Hermanos Musulmanes y han apoyado a Hamás en el pasado y en el presente. Según fuentes de seguridad, cuanto mayor sea la implicación de ambos en la Franja, más posibilidades tendrán Hamás y la Jihad Islámica de reconstruir y mejorar sus capacidades militares y su red de túneles, bajo el paraguas de las tareas de remoción de escombros y obras de construcción.
Estos dos obstáculos que impiden la implementación de la Fase B del plan de Trump parecen, por ahora, casi infranqueables. Y no son los únicos. La creación de la “fuerza multinacional de estabilización” enfrenta dificultades diplomáticas y muchas preguntas sin respuesta más allá de lo ya mencionado: ¿cuál será la fuente de autoridad de dicha fuerza y cuál será su mandato? ¿Se le exigirá usar la fuerza para desarmar a Hamás y desmilitarizar la Franja? ¿Se le permitirá abrir fuego? ¿Dónde se desplegará una vez que las FDI se retiren? ¿Y qué podrá hacer Israel para frustrar actividades terroristas y acciones de guerrilla de Hamás cuando la fuerza multinacional esté desplegada en la Franja?
Y la Autoridad está en juego
Otro asunto problemático gira en torno del intento de Egipto de formar un “gobierno palestino de expertos”, supuestamente sin Hamás y —según exige Israel— también sin la Autoridad Palestina. La lista anunciada por el ministro de Relaciones Exteriores egipcio incluye personas que recibieron el visto bueno de Hamás, y cabe suponer que también servirán a la organización, como hacen los representantes de Hezbolá en el gobierno libanés. En general, Egipto aún no ha logrado alcanzar acuerdos entre Hamás y Fatah que permitan la formación de ese gobierno de expertos, pese a la oposición de Israel.
Otras cuestiones aún sin resolver son quién financiará y quién ejecutará las obras de reconstrucción de la Franja, donde el 76 % de las edificaciones están destruidas o no son aptas para habitar, y dónde se alojará a los gazatíes mientras tanto. Kushner propone que las tareas de reconstrucción comiencen en la “zona verde”, actualmente bajo control de las FDI. Pero ¿qué ocurrirá con esos esfuerzos si finalmente se establecen la fuerza multinacional y el gobierno de expertos, y las FDI se ven obligadas a retirarse de la zona?
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Jared Kushner junto a su yerno, Donald Trump, cuando ejercía como asesor de la Casa Blanca.
(AP)
Por ahora, nadie tiene respuestas prácticas a todas estas preguntas. Por eso, cabe esperar que la Casa Blanca siga presionando a Netanyahu para que no reanude los ataques, mientras continúa negociando con Hamás (a través de mediadores o directamente) sobre la desmilitarización de la Franja y los demás temas vinculados con la implementación de la Fase B.
En caso de que se alcance un compromiso entre los estadounidenses, Hamás y los mediadores, éste será inevitablemente a expensas de los intereses de Israel. Si no se logra un acuerdo, podría reanudarse la guerra y Israel corre el riesgo de perder la atención de Trump. O peor aún: que se vuelva en su contra y retire no sólo el apoyo militar, sino también lo que queda de su legitimidad internacional.
Israel aún conserva una herramienta de presión reconocida por el gobierno estadounidense: Jerusalem condiciona la reconstrucción de la Franja a un acuerdo que contemple sus intereses de seguridad y políticos. Así que no todo está perdido. Pero para provocar un cambio drástico en esta situación poco alentadora, el gobierno debe tomar la iniciativa: Netanyahu (en año electoral) podría aceptar la participación abierta de la Autoridad Palestina en el gobierno civil y de seguridad en Gaza, y a cambio Israel obtendría libertad de acción operativa en la Franja, como la que tiene actualmente en el Líbano. Un acuerdo de ese tipo podría devolver a las monarquías sunitas moderadas un rol activo en Gaza y alejar a Catar y Turquía.
