Entre el asalto de la coalición gobernante al poder judicial, las amenazas de cerrar la radiotelevisión pública, el recorte de la Ley del Retorno y la abolición de los controles y equilibrios diseñados para proteger nuestra democracia; el presidente de la Comisión de Derecho Constitucional y Justicia de la Knesset, Simcha Rothman, decidió subir un peldaño la olla a presión y propuso poner trabas al derecho de huelga.
El proyecto de ley llega en el contexto de una oleada de protestas en todo el país contra las últimas medidas del gobierno.
Aunque la restricción del derecho de huelga pueda parecer una píldora fácil de tragar en comparación con la reforma judicial, no debemos subestimar sus repercusiones. Junto con las otras tendencias que se están desarrollando en Israel en los últimos meses, podría resultar una de las afrentas más peligrosas a la democracia israelí.
El proyecto de ley modificaría la dinámica de poder entre empresarios y trabajadores en Israel. Entre otras cosas, pretende transferir el poder de restringir las acciones laborales de los tribunales laborales a la Knesset, limitar significativamente los motivos de conflictos laborales y prohibir que sindicatos cobren cuotas de afiliación a quienes no estén dispuestos a pagarlas, lo que mermaría gravemente la capacidad de actuación de los mismos.
Esto plantea la siguiente pregunta: dado que el derecho de huelga es una de las herramientas más importantes en la batalla por los derechos de los trabajadores, y dado que los sindicatos ya no podrán proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿quién protegerá a los trabajadores si este proyecto de ley se aprueba?
Rothman ya había confirmado en una serie de entrevistas con los medios de comunicación que su proyecto está directamente relacionado con las reformas judiciales. Así, el proyecto de ley dice que "la enmienda propuesta reduce la capacidad de los pequeños grupos de presión para detener políticas que buscan beneficiar al público en general".
Bueno, no estoy seguro de considerar minoritaria a la oposición a las reformas judiciales, pero una cosa es cierta: hay un patrón significativo recurrente en esta declaración y en la reforma judicial, que amenaza a la Corte y pretende quitarle su poder para luchar y proteger los derechos de las minorías en Israel.
Esto no es lo que parece la democracia.
A fin de cuentas, aunque el proyecto de ley no acabe materializándose y se quede en una amenaza velada hacia los trabajadores y sindicatos, destinada a impedirles participar en las batallas político-económico-sociales actuales, no cabe duda de que el discurso de los últimos días es una bofetada en la cara de los trabajadores de Israel.
Especialmente para los del sector público, que ya se sienten invisibles de por sí, y que ahora también se dan cuenta de lo fácil que es silenciarlos y hincar la rodilla a los sindicatos que vienen a protegerlos. Esta inquietante toma de conciencia encaja perfectamente en la agenda de Rothman.
Es justo, e incluso necesario, criticar a los sindicatos. Sin embargo, a fin de cuentas, el proyecto de ley de Rothman los debilitaría y menospreciaría, al tiempo que limitaría los derechos de los propios trabajadores, especialmente de los pertenecientes a los sectores más débiles.
De ahí que las críticas deban venir acompañadas de soluciones alternativas realistas, porque, de lo contrario, no quedará nadie que proteja a nuestros trabajadores. Esto influirá en todos: desde el trabajador de una fábrica que sea despedido de su puesto hasta la madre embarazada que luchará por ser contratada, pasando por el adolescente que no recibirá su paga a tiempo.
El derecho de huelga es un derecho fundamental, ya sea en la lucha por los salarios justos como los de mejores condiciones laborales.
No obstante, suprimir este derecho perjudicará la delicada dinámica entre trabajadores y empresarios, los derechos humanos básicos y el bienestar de la población israelí.
