El viernes pasado, en un camino de tierra al sur de Hebron, un palestino de 24 años recibió un disparo en el cuello durante un operativo de las FDI. El objetivo era impedir una construcción ilegal dentro de un área bajo dominio israelí, y en medio de un forcejeo por un generador eléctrico que las fuerzas de seguridad intentaban confiscar se precipitó el incidente en circunstancias que todavía son investigadas.
Este camino no tiene ninguna identificación, pero pocos días después del hecho ya cuenta con un poste cuyo marco está vacío pero pronto tendrá inscripto el nombre del joven que está anestesiado y conectado a un respirador artificial en un hospital de Hebron. “Esta calle se llamará Harun Abu Aram”, decretó Nidal Abu Adam, jefe del Consejo de Aldeas de los suburbios de Yatta.
El estado del joven es delicado y en caso de sobrevivir sufrirá una parálisis por una lesión en la médula espinal. “También puede tener una lesión cerebral. La verdad, para él y su familia quizás hubiera sido mejor que muriera. Mira alrededor: ¿Cómo una persona paralítica podría vivir en un lugar con esta infraestructura?”, se preguntó un residente del lugar.
Los suburbios de Yatta están formados por pequeñas comunidades palestinas que viven a pocos kilómetros de distancia entre sí, entre la parte sur de Hebrón y la Línea Verde que divide políticamente a Israel de Cisjordania. Todas estas comunidades están ubicadas en el Área C de Cisjordania, bajo control militar y civil israelí, en visibles condiciones de pobreza.
La principal asistencia que reciben estas comunidades procede de organizaciones internacionales que donan equipamiento básico que no logran mejorar la apariencia del lugar. No hay carreteras, apenas caminos de los cuales solamente algunos pueden ser transitados por vehículos 4x4, y es por eso que los niños de esta escuela demoran media hora para transitar los tres kilómetros que los separan de la escuela más cercana. Tampoco cuentan con agua corriente ni red eléctrica. En su lugar, instalan tanques de agua o generadores eléctricos, como el que desató la tragedia de Abu Aram.
Cerca del lugar del incidente, en la puerta de su casa, Eshraf Amur fue testigo de cómo Abu Aram y otros vecinos trabajaban en la construcción de una casa de chapa. Por eso Amur declaró ante un representante de la ONU que llegó hasta el lugar para investigar el caso. “La historia no es sobre un generador eléctrico, sino del honor. En cuanto llegaron los soldados comenzó el lío. El padre de Aram intervino y los soldados empezaron a golpearlo, por eso fue que Arum los enfrentó”, dijo.
“Si las fuerzas militares se hubieran comportado de manera cortés el incidente se habría evitado. Le pregunté a un oficial quién era y en lugar de responderme me gritó que me callara la boca. ¿No podía ser amable y explicarnos que lo que estábamos haciendo está prohibido?”, denunció Amur.
Hace muchos años este sector fue declarado “zona de fuego” de las FDI, pero los palestinos que viven aquí están convencidos de que esa definición es una excusa para posicionarse en la ciudad de Yatta y que Israel pueda desarrollar puestos de avanzada. “La declaración de un área militar cerrada en un sitio habitado por personas es contrario al derecho internacional”, afirmó Abu Adam, presidente del Consejo.
Las comunidades palestinas de esta zona se ganan la vida con la cría de ovejas, y actividades agrícolas como pequeñas plantaciones de trigo u olivos. En uno de estos sitios los residentes colocaron un tanque de agua de fibra de vidrio, pero hace unas semanas la Administración Civil israelí lo destruyó porque no contaba con la licencia correspondiente, una situación que encarece significativamente el precio del metro cúbico de agua debido a los costos de traslado de tanques de agua para riego a través de un camión.
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Caminos de tierra y falta de infraestructura al sur de Hebron, en Cisjordania.
(Elior Levy)
El incidente del generador eléctrico es otro eslabón de la larga cadena de luchas entre Israel y los palestinos que viven al sur de Hebrón. Según la organización de derechos humanos B´Tselem, la tasa de demoliciones en Cisjordania durante 2020 fue la más alta de los últimos cuatro años: se registraron 456 demoliciones de instalaciones e infraestructura no residencial, incluidas líneas de agua y tendidos eléctricos. Esto ocurrió con el agravante de la pandemia del coronavirus, que exige cuidados higiénicos especiales para evitar la propagación del virus.
La Administración Civil del área declaró que realiza “actividades de aplicación de la ley contra delitos de planificación y construcción en el Área C, como parte de su deber de mantener el orden público y el estado de derecho”. En relación al incidente del viernes pasado el organismo respondió que el operativo “se ejecutó de acuerdo a los procedimientos” y aclaró que “ante los hechos ocurridos se decidió no confiscar el generador eléctrico, aunque eso no indica que sea legal su uso para la construcción”.
En el pasado importantes funcionarios de seguridad manifestaron que la unidad de supervisión de la Administración Civil trabaja según prioridades establecidas por el gobierno y aprobadas por el Ministerio de Defensa, y que las zonas prioritarias son las áreas que rodean a Jerusalem, el sur de Hebrón y Mahale Adumim.
