Después de seis años en los que los partidos ultraortodoxos han mantenido un control casi total sobre la relación entre religión y Estado, el gobierno de Bennett-Lapid llegó para cambiar la situación. Los acuerdos de coalición publicados durante el fin de semana prometen competencia en los servicios religiosos, como la conversión y los alimentos kosher, y planea reducir la intervención estatal en la vida de los ciudadanos por razones religiosas, como el matrimonio y el divorcio. Sin embargo, el establecimiento rabínico estatal seguirá siendo ortodoxo y no será privatizado. Además, el partido Yamina, del flamante primer ministro Naftalí Bennett, tendrá derecho de veto sobre cualquier cambio en el status quo.
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Naftalí Bennett, flamante primer ministro de Israel (derecha) y el primer ministro suplente, Yair Lapid.
(Alex Kolomoisky)
Conversiones: la revolución está en camino
Una de las cláusulas principales en esta área estipula que los rabinos de una ciudad podrán realizar conversiones al judaísmo, y los certificados que emitan serán reconocidos por todas las municipalidades, una autoridad actualmente conferida solo a tribunales especiales subordinados al Gran Rabinato. De hecho, se trata de un retorno a la situación que era habitual en el pasado, antes del establecimiento del sistema de conversión estatal.
La principal implicación de la medida es que cientos de miles de inmigrantes de la ex Unión Soviética y sus descendientes, que están definidos como personas “sin religión” y tienen dificultades para convertirse en las instituciones existentes, podrán recurrir a rabinos que han adoptado sentencias halájicas relativamente flexibles y unirse al pueblo judío.
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Una mujer que atraviesa el proceso de conversión en un tribunal rabínico de Jerusalem.
(Flash 90)
Aunque el tema de la conversión es uno de los más sensibles en la relación entre religión y Estado, con implicaciones significativas para la cuestión de quién es judío y el vínculo entre Israel y los judíos de la diáspora, nunca ha sido regulado por la ley. En esta compleja situación legal, la Corte Suprema ha dictaminado a lo largo de los años en un proceso progresivo que las conversiones privadas, incluidas las reformistas, deben ser reconocidas para asuntos civiles como la elegibilidad para la Ley de Retorno y el registro de la población. Sin embargo, el tribunal siempre se ha abstenido de intervenir en consideraciones halájicas y nunca obligó al Gran Rabinato a reconocer también a los conversos y sus esposos o esposas como judíos.
En los últimos años, los partidos ultraortodoxos han promovido una ley que pasara por alto a la Corte Suprema, con el fin de que se acepten solo las conversiones del Gran Rabinato, tanto el ámbito religioso como el civil. Sin embargo, la medida no ha avanzado por temor a entrar en conflicto con los judíos de la diáspora. El nuevo gobierno está girando en una dirección diferente: las conversiones privadas de todo tipo continuarán siendo reconocidas para la Ley de Retorno, mientras que los matrimonios religiosos y similares quedarán a cargo de la conversión ortodoxa, pero no del Gran Rabinato.
Todo Israel, "área kosher"
Otra área que ha provocado controversia en los últimos años es el monopolio del Gran Rabinato en la industria de los alimentos kosher. La ley estipula que un negocio de alimentos no puede presentarse como kosher si no tiene el certificado del rabinato local, incluso si está supervisado por organismos privados extremadamente estrictos. En los últimos años, la Corte Suprema ha intervenido para aliviar parcialmente la situación, y permitió que se presentara una declaración escrita alternativa de las empresas respecto de la supervisión halájica de preparación de los alimentos, pero las letras en hebreo que forman la palabra "kasher" (kosher) y otros términos han permanecido en manos del Estado y hasta el momento no se pueden utilizar.
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El nuevo gobierno buscará impulsar la competencia en la industria kosher.
(Gil Lerner)
Si bien los partidos ultraortodoxos han buscado constantemente enmendar la Ley de Prohibición del Fraude Kosher de una manera que estableciera el monopolio del Gran Rabinato y aboliera retroactivamente la intervención judicial, la nueva coalición está comprometida con acuerdos firmados a aumentar la competencia en la industria.
En esta área -como en la conversión- no habrá privatización, pero todo Israel se definirá como un "área kosher", y los rabinos locales podrán emitir certificados en todo el país, y no solo en la jurisdicción en la que funcionan. Esto implica competencia entre los rabinos de la ciudad y la posibilidad de que los dueños de negocios elijan libremente a qué rabino contratar, tal como se hizo hace unos años en el Registro de Matrimonios.
Casamientos: un obstáculo llamado pacto matrimonial
Otra cláusula del acuerdo entre Yamina e Yesh Atid busca propiciar la elección de los principales rabinos sionistas en las elecciones que se celebrarán a mediados del 2023, cambiando la composición del electorado, formado por rabinos, políticos, alcaldes y otros representantes públicos.
Entre Yesh Atid y los otros partidos de la coalición se han tomado más medidas, algunas de ellas de gran alcance, en cuestiones de religión y Estado, pero los entendimientos sobre estas cuestiones no obligan al primer ministro designado, Naftalí Bennett, que incluso tiene poder de veto contra cualquier cambio en el statu quo, a aceptarlos. El más sensible desde el punto de vista público (y también a los ojos de la derecha) es el que busca ampliar el pacto matrimonial existente de manera que permita el reconocimiento de facto de las personas LGBT y el matrimonio civil.
En la situación jurídica actual, solo los cónyuges que están registrados como “sin religión” pueden contraer matrimonio dentro del Estado y no en un casamiento religioso a través del Registro de Matrimonios del Ministerio de Justicia. En la práctica, esta ley ha respondido a las necesidades de solo unas pocas decenas de parejas desde que fue aprobada en 2010. Ahora, Yisrael Beiteinu y los partidos de izquierda en el nuevo gobierno se esfuerzan por expandirla y aplicarla a cualquier persona a la que no se le permita celebrar un casamiento religioso; sea una pareja mixta (entre una persona judía y una no judía), de parejas del mismo sexo, de mujeres divorciadas, etc. También es probable que esta medida sea rechazada por la facción islamista Raam debido a su oposición a los casamientos LGBT.
La Ley de Supermercados, el "Esquema del Muro de los Lamentos" y el transporte público en Shabat
Otros temas controvertidos que aparecen en los acuerdos entre Yesh Atid y otros partidos de la coalición que excluyen a Yamina son el funcionamiento del transporte público en Shabat, la derogación de la "Ley de Supermercados", así como la implementación del “Esquema del Muro de los Lamentos” aprobado por el gobierno, pero que ha sido congelado por presión de los partidos ultraortodoxos.
La Ley de Supermercados vigente estipula que una Municipalidad no puede realizar cambios en los estatutos municipales para permitir la apertura de comercios en Shabat en su territorio, sin la aprobación del Ministro del Interior. Los partidos ultraortodoxos que ocuparon este ministerio buscaron frustrar las medidas para cambiar esta situación. El "Esquema del Muro de los Lamentos" intentaba crear un espacio para la oración igualitaria para hombres y mujeres en el lugar sagrado y que estuviera a cargo de un consejo público con representación de los movimientos reformistas y conservadores. El lugar debería contar con condiciones similares a la del área principal del sitio sagrado.
Tani Frank, jefe de religión y Estado del movimiento Torá Va’Avodá, que en las últimas semanas ha asesorado a los líderes de la nueva coalición, manifestó que Yamina no aceptaría las tres últimas demandas y otras iniciativas similares. Frank señaló que al ala conservadora de derecha del gobierno le resultará difícil promover medidas contrarias a su plataforma. Sin embargo, aquellos proyectos que puedan realizarse se implementarían mediante decisiones gubernamentales o de otras maneras.
Respecto del transporte público en Shabat, se puede operar sin legislación, a través de las municipalidades, como se ha hecho en los últimos años en algunas ciudades. El comercio en Shabat se puede ampliar sin derogar la Ley de Supermercados, si la ministra del Interior designada, Ayelet Shaked, da libertad de acción a los concejales y ratifica sus decisiones. En cuanto al esquema del Muro de los Lamentos, también puede ser revivido por una decisión del gobierno, como se aprobó originalmente, sin necesidad de legislación.
