Miles de personas se congregaron frente a las puertas de la Oficina del Alto Representante para Bosnia y Herzegovina en Sarajevo el lunes por la noche, al grito de consignas tales como “no nos dividirán” entre cánticos de “Bosna, Bosna, Bosna” a una oficina cuyo personal europeo y estadounidense probablemente ya se habían retirado por ser horas de la noche.
En el lugar, ondearon la bandera azul de Bosnia y Herzegovina, cuyo prominente triángulo amarillo representa a los tres grupos étnicos que lo constituyen.
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Manifestantes se reúnen frente a la Oficina del Alto Representante de Bosnia y Herzegovina.
(David I. Klein)
Estaban protestando por la noticia que se filtró la semana pasada, que muestra que la Oficina del Alto Representante, u OHR, usará sus poderes para imponer un nuevo sistema electoral en el país, sistema que, según los manifestantes, favorecerá a los partidos nacionalistas y evitará aún más la participación de grupos minoritarios.
Entre los que están particularmente preocupados por los cambios se encuentra la pequeña comunidad judía del país, cuyos líderes han estado luchando contra la desigualdad en el sistema electoral durante más de una década. De implementarse los cambios, se producirían solo unos meses antes de que los bosnios vayan a las urnas en octubre.
Un organismo no elegido, la OHR se estableció al final de la guerra de Bosnia para supervisar la implementación de la nueva estructura cívica en el incipiente estado post-Yugoslavo. Hasta el presente, todos los altos representantes nombrados han sido de países de la Unión Europea, mientras que sus principales adjuntos han sido de Estados Unidos.
El alto representante, cargo que en la actualidad ocupa el diplomático alemán Christian Schmidt, tiene el poder para destituir unilateralmente a funcionarios electos incluso a nivel de presidente, implementar o anular leyes e incluso cambiar los símbolos nacionales del país. El puesto ha sido comparado con un gobernador colonial o un virrey medieval.
Menos de 900 judíos, en su mayoría sefardíes, viven en Bosnia y Herzegovina en una población total de 3,2 millones de personas, pero la comunidad judía de Sarajevo se hizo conocida durante el sitio de casi cuatro años de la ciudad durante las guerras yugoslavas de la década de 1990, llevando convoyes hasta las afueras de la ciudad trasladando personas a un lugar seguro, utilizando la sinagoga como refugio y operando una farmacia subterránea, un comedor de beneficencia y una escuela.
Sin embargo, al final de la guerra, la constitución bosnia establecida bajo el Anexo 4 del Acuerdo de Paz de Dayton de 1995 dividió la representación de alto nivel en el nuevo estado entre sus tres grupos étnicos principales: bosnios musulmanes, serbobosnios y croatas bosnios, a quienes se les denominó “pueblos constituyentes”.
En ese momento, se esperaba que el acuerdo pusiera fin a la brutal violencia que estalló con la caída de Yugoslavia. Hasta ahora lo ha logrado, pero la ley también tuvo el efecto secundario de privar por completo de sus derechos a por lo menos 17 grupos minoritarios nacionales que no participan de la presidencia tripartita de Bosnia, ni de la representación en la cámara alta del parlamento.
Además de la pequeña comunidad judía, el arreglo también excluyó a la población gitana de Bosnia, su minoría no constituyente más grande, que asciende a casi 60.000 personas, de la representación política de alto nivel. En total, se cree que más de 100.000 ciudadanos de Bosnia y Herzegovina están excluidos de puestos porque no pertenecen a ninguno de los pueblos constituyentes.
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Edificio dañado en los combates en Bosnia durante las guerras yugoslavas.
(Gettyimages)
Jakob Finci, presidente de la comunidad judía de Bosnia, y Dervo Sejdic, un destacado líder gitano, llevaron el asunto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a mediados de la década de 2000 y en 2009 ganaron el caso. El tribunal exigió que la reforma constitucional y un sistema electoral más inclusivo fueran pasos clave para que Bosnia avanzara para ser considerado como un estado miembro de la Unión Europea.
Sin embargo, más de una década después, no se ha hecho ningún esfuerzo por cambiar las leyes. “Los políticos bosnios aún no han terminado con el estatus de segunda clase para judíos, gitanos y otras minorías una década después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminara que la constitución bosnia viola sus derechos”, dijo Human Rights Watch en un comunicado de 2019 .
Sejdic, en su rol de líder gitano, fue quien convocó la protesta frente a la OHR. “Si nosotros, los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina ahora, no estamos unidos contra Schmidt, por su imposición de una ley electoral racista, en la lucha contra el fascismo y el racismo, nadie más lo hará”, escribió Seijdic en su página de Facebook.
