El 6 de julio vencerá la última prórroga de la Ley de Ciudadanía y el parlamento israelí deberá fijar una postura, en lo que será el primer gran desafío de la coalición, que convive entre las diferencias internas y una oposición que abiertamente busca erosionar al gobierno. ¿De qué se trata la ley? Preguntas y respuestas sobre un tema sensible que será objeto de debate en Israel en los próximos días.
¿De qué se trata la Ley de Ciudadanía?
Es una ley temporal aprobada por la Knesset en 2003, durante la Segunda Intifada palestina, cuya vigencia es de un año y desde entonces se prorrogó sucesivamente. Se promulgó para evitar que personas que viven en los territorios palestinos (Gaza y Cisjordania) obtengan un estatus legal en Israel.
La norma niega que los palestinos que viven en dichos territorios consigan la residencia en Israel tras casarse con ciudadanos israelíes, un derecho generalmente aceptado en otros casos, que permite la entrada al país de cónyuges en virtud del derecho a la unidad familiar, independientemente de la nacionalidad de los integrantes de la familia.
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La Ley de Ciudadanía, un debate legal emblemático sobre la convivencia entre árabes y judíos en Israel.
(Herzi Shapira)
¿Cuál es el objetivo de la ley?
La norma busca evitar la “reunificación familiar” entre ciudadanos israelíes, principalmente del sector árabe israelí, y sus cónyuges o hijos palestinos. La ley explica en su texto que su objetivo es velar por la seguridad nacional: prevenir que una persona aproveche un vínculo legal con un israelí y reciba un permiso para circular libremente por Israel para participar en actividades terroristas.
Algunos partidarios de la ley sostienen que detrás de la letra también existe un argumento demográfico: impedir que muchos palestinos se asienten en Israel “por la puerta trasera” y pongan en peligro a la mayoría judía. Esta razón, y el pequeño número de casos de reunificaciones familiares vinculadas al terrorismo que exhiben las estadísticas, llevó a que algunos jueces de la Corte Suprema pusieran en dudas las consideraciones de seguridad que sostiene formalmente a la ley.
¿Existen excepciones a la ley?
Hombres mayores de 35 años y mujeres mayores de 25 que viven en los territorios palestinos pueden obtener permisos para evitar que sean legalmente separados de sus cónyuges israelíes. Menores de edad también pueden obtener permisos de residencia para permanecer con padres que viven legalmente en Israel. Además, existen permisos de residencia en Israel para palestinos por motivos laborales, médicos y otros casos excepcionales. Todas estas excepciones están subordinadas a evaluaciones de funcionarios de seguridad.
¿Qué problemas legales presenta la ley?
La abogada Leila Margalit, profesional del Centro para la Seguridad Nacional y la Democracia del Instituto para la Democracia de Israel, explica que el derecho a una vida familiar incluye la posibilidad de establecer un hogar en su propio país. Así, por regla general, un Estado no puede poner a sus ciudadanos en el dilema de elegir entre una vida junto a su familia o abandonar su patria.
Aunque la intención de la ley no sea dañar a los ciudadanos árabes israelíes, su consecuencia es discriminatoria: por lazos culturales es probable que árabes israelíes se casen con palestinos que viven en los territorios, situación que en general no ocurre con judíos israelíes. Así, existen muchos casos de árabes israelíes que buscan vivir con su familia palestina, y para cumplir ese deseo deben irse del país.
Algunos partidarios de la ley sostienen que detrás de la letra también existe un argumento demográfico: impedir que muchos palestinos se asienten en Israel “por la puerta trasera” y pongan en peligro a la mayoría judía.
Incluso antes de que se promulgue la ley, el casamiento con un ciudadano israelí no otorgaba instantáneamente el derecho de residencia en Israel, sino que los palestinos que pedían la reunificación familiar debían pasar por un largo proceso judicial que probara la relación y descartara un peligro para la seguridad nacional. El mensaje problemático de esta ley es que convierte a los palestinos solicitantes automáticamente en un peligro para la seguridad.
¿Cuántos palestinos piden la reunificación familiar?
Datos del Ministerio del Interior publicados en 2020 muestran que en los últimos años se presentaron entre 800 y 1000 solicitudes anuales, y que desde 2003 hasta esa fecha se habían otorgado 13 mil permisos de residencia excepcionales para palestinos. En el 2006 un informe de la Fiscalía del Estado a la Corte Suprema indicaba que un 28,5% de los pedidos de excepción fueron rechazados.
¿Cuántos de estos palestinos solicitantes estuvieron involucrados en terrorismo?
Según datos presentados a la Knesset por el sistema de seguridad, entre 2001 y 2020 se otorgó el estatus legal a 45 palestinos asociados con delitos terroristas. En los últimos años, entre 2018 y 2020, esa cifra se redujo a cero. En tanto, 109 palestinos como de “segunda generación”, hijos de parejas de árabes israelíes y palestinos de los territorios, estuvieron involucrados en acciones terroristas. Desde 2018 en adelante esa cifra fue de 16.
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La ley vence el 6 de julio y el parlamento debe decidir si la deroga o prorroga, y en qué condiciones.
(AFP)
¿La Ley de Ciudadanía es necesaria desde el punto de vista de la seguridad?
La abogada Margalit afirma que los datos, especialmente de los últimos años, plantean preguntas sobre la necesidad y justificación del alcance de la ley. “En otras leyes no se acepta el criterio de ´riesgo cero´ para dirigir nuestras vidas. Esa aspiración no hubiera permitido las sociedades modernas: no se podría conducir por las carreteras, no usaríamos teléfonos móviles y es posible que nuestros hijos no podrían ir solos a jugar al parque”, explica.
“La pregunta es si el delicado equilibro entre erradicar riesgos y permitir que la vida transcurra sin problemas puede justificar una prohibición radical como la que establece la ley, con un perjuicio tan pesado para la minoría árabe de Israel”, plantea Margalit.
Voces a favor
Matan Peleg, presidente del movimiento sionista “Im Tirztu”, considera que la ley no debería ser derogada. “Todos los países del mundo cuentan con una ley de este tipo y tienen el derecho de decidir quién ingresa y quién no”, afirma. En relación al caso israelí, Peleg sostiene que “la ley se promulgó en 2003 porque nos costó sangre, el que quiera reunificación familiar que se vaya a Gaza”.
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La coalición liderada por Bennett y Lapid enfrenta su primer gran desafío parlamentario.
(Amit Shavi)
La disputa política actual
El 6 de julio vencerá la última prórroga aprobada y la Knesset deberá ratificar o derogar la Ley de Ciudadanía. Si bien durante años de gobierno del Likud la ley fue aprobada sucesivamente, desde el partido que lidera la oposición afirman que esta vez se opondrán, a menos que la coalición avance en proyectos para que avance la presencia de asentamientos israelíes en Cisjordania.
Además, en los últimos días parlamentarios de partidos de izquierda de la coalición (Avodá y Meretz) exigieron modificaciones en la ley. El primer ministro Naftalí Bennett afirmó que el objetivo del gobierno es aprobar la ley lo antes posible y la fecha límite es el 6 de julio. Para ello deberá llegar a acuerdos, tanto con la oposición como internamente dentro de la coalición, en lo que será el primer gran desafío parlamentario del gobierno.
