Desde que comenzó a inocular a su población, Israel se posicionó rápidamente en los primeros lugares de los rankings de tasa y ritmo de vacunación. Sin embargo, ahora se enfrenta a un nuevo desafío: cómo equilibrar la salud pública y los derechos de los no vacunados.
Las decisiones de las autoridades en cuanto a este tema afectarán a todos los ámbitos de la vida, desde la escuela hasta el trabajo, pasando por la cultura y el culto. Sucede que la mitad de los israelíes han recibido por lo menos la primera inyección, por lo que esta semana el país comenzó a reabrir la economía.
No obstante, la apertura no fue para todos, ya que varias actividades han sido consideradas prohibidas para los no vacunados, lo que generó enojo en aquellos que aún no pudieron recibir su dosis por cuestiones de salud o, simplemente, porque rechazan la vacunación.
Varios empleadores israelíes planean prohibir la entrada a las oficinas a los trabajadores no vacunados, lo que generó en algunos grupos el temor por la pérdida del puesto de trabajo. Los sindicatos han sugerido soluciones alternativas, como la realización de pruebas de COVID-19 cada 72 horas.
"Ya asumí que no me van a invitar a algunos eventos por no haber recibido la vacuna", asegura Hila Bar, comerciante abiertamente escéptica con la ciencia médica y que ya confirmó que no se vacunará. “No patrocinaré a ciertos negocios”, agrega.
En Israel el lanzamiento de la vacuna fue rápido, pero no obligatorio. El país se convirtió en un referencia acerca del tema y es probable que otras naciones analicen su experiencia inicial para ver cómo abordar algunas preguntas, en su mayoría sin respuesta, sobre el equilibrio de los derechos individuales con las obligaciones de salud pública.
"Quien no se vacune se quedará atrás", advirtió en las últimas semanas el ministro de Salud, Yuli Edelstein. El funcionario, en un intento por incentivar la vacunación, ha dejado en claro que los vacunados tendrán ventajas, incluido el acceso a teatros, gimnasio y áreas turísticas.
Pero a algunos empleadores les preocupa que la Knesset no haya aprobado ninguna ley que regule el regreso de los trabajadores, por lo que las empresas deberán diseñar sus propias reglas.
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La Knesset no promulgó ninguna ley que regule el retorno a las oficinas por parte de los no vacunados.
(Knesset)
La unidad Mobileye de Intel, en Jerusalem, ya informó que a los trabajadores no vacunados no se les permitirá ir a la oficina a partir del 4 de abril, pero que podrán trabajar desde sus casas. En caso de que su asistencia al establecimiento sea indispensable, deberán proporcionar una prueba de PCR negativa tomada dentro de las 48 horas anteriores. La compañía estima que alrededor del 10% de sus 1.500 empleados no serán inmunizados.
"Es nuestra responsabilidad hacer de nuestras oficinas un lugar seguro; el bien mayor de nuestros empleados y sus familias supera cualquier otra consideración", escribió el presidente ejecutivo Amnon Shashua a los empleados en un correo electrónico.
Derechos civiles
Un estudio publicado el miércoles mostró que la vacuna de Pfizer-BioNTech que se usa en Israel redujo los casos sintomáticos entre los receptores israelíes en un 94%. Pero algunos funcionarios estiman en privado que el 10% de los israelíes mayores de 16 años, alrededor de 650.000 personas, no tienen intenciones de vacunarse.
"La pregunta es cómo reabrimos el mercado, la economía y la vida, sin dañar a las personas que no pueden o no quieren vacunarse", dijo Sharon Abraham-Weiss, directora ejecutiva de la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI), quien también pidió por nuevas leyes que regulen la situación.
Algunos grandes grupos comerciales han comenzado a redactar directrices de política para sus miembros, incluida la Asociación de Fabricantes de Israel, que representa a 1.800 empresas que emplean a casi medio millón de trabajadores. Los miembros del grupo "no están persiguiendo a la gente en la calle para ponerles jeringas en los hombros y obligarlos a vacunarse", aunque están haciendo todo lo posible para alentarlo, aseguró su presidente, Ron Tomer.
Asunto de salud pública
Israel lanzó el domingo un sistema de "pasaporte verde" que otorga ciertos privilegios a los ciudadanos que han recibido ambas dosis de la vacuna o se han recuperado del COVID-19. En una de sus primeras aplicaciones, solo aquellos que llevaban un certificado validado por el gobierno pudieron asistir a un pequeño concierto al aire libre en Tel Aviv esta semana.
Por su parte, la Knesset aprobó el miércoles una ley que permite al Ministerio de Salud dar a los municipios los nombres de los residentes que no han recibido una inyección, para alentarlos a que lo hagan. ACRI se ha opuesto a la legislación, argumentando que viola los derechos de privacidad.
La facultad de derecho de la Universidad Hebrea de Jerusalem argumentó en un documento que la regulación de la vacunación "es un asunto de salud pública y no un asunto médico privado”. Las leyes israelíes vigentes otorgan al Ministerio de Salud la autoridad legal para imponer restricciones a los no vacunados, e incluso para obligar la vacunación en ciertos casos, dice el informe.
