Después de reconstruir varias veces su casa sólo para que en poco tiempo los soldados israelíes vuelvan a demolerla, Mohammed Abu Sabaha tiene un nuevo plan para permanecer en el lugar: se está mudando a una cueva.
Abu Sabaha es uno más de los alrededor de 1.000 palestinos que están en riesgo de expulsión de una región árida de Cisjordania que el ejército israelí ha designado como zona de entrenamiento con fuego real. La Corte Suprema confirmó su expulsión en mayo, después de una batalla legal que lleva dos décadas.
La mayoría de los residentes de la zona, conocida como Masafer Yatta, han permanecido en su lugar desde el fallo, aun cuando las fuerzas de seguridad israelíes acuden periódicamente para demoler edificaciones. Podrían ser expulsados en cualquier momento, y los grupos defensores de los derechos humanos temen que Israel lo haga gradualmente, para evadir la condena internacional.
La entrada a la cueva de Abu Sabaha está rodeada por ruinas de casas y corrales de animales que los soldados demolieron en incursiones anteriores. El arrullo y el cacareo de los pollos y las gallinas se pueden escuchar desde el interior de un gallinero destrozado. Un conjunto de escalones de piedra conduce a la cueva, donde ha colgado luces eléctricas, pero tomará tiempo convertirla en un hogar para su esposa, padres y seis hijos.
"Hemos sufrido mucho por este fallo. Especialmente los niños, que nacieron aquí", dijo, de pie en la cueva poco iluminada. "Huyeron de las demoliciones, luego regresaron cuando reconstruimos, tantas veces".
Cuando el ejército no está demoliendo casas, está organizando ejercicios de entrenamiento en el área cercana. Los tanques arrojan nubes de polvo y el fuego de ametralladoras pesadas y las explosiones resuenan a través de las colinas del desierto. Abu Sabaha dice que su hija Zeynab, de 3 años, se tensa cada vez que los ve.
"Ella siempre tiene miedo de que vengan a destruir una vez más", dijo.
Los militares declararon esta parte de Masafer Yatta una zona de tiro y entrenamiento a principios de la década de 1980. Las autoridades israelíes dijeron que los residentes, beduinos árabes que practican una forma tradicional de agricultura y pastoreo de animales, usaban el área sólo una parte del año y no tenían estructuras permanentes. En noviembre de 1999, las fuerzas de seguridad expulsaron a unos 700 aldeanos y destruyeron casas y cisternas. La batalla legal comenzó al año siguiente.
Las familias dicen que han estado allí durante décadas, desde mucho antes de que Israel capturara Cisjordania en la Guerra de los Seis Días de 1967, y no tienen otro lugar donde vivir. Algunos residentes han vivido tradicionalmente en cuevas parte del año, ya que pastan ovejas y cabras en diferentes áreas.
La Corte Suprema de Israel se puso del lado del estado en mayo, después de que los aldeanos rechazaron un compromiso que les habría permitido ingresar en ciertos momentos y practicar la agricultura durante parte del año.
Desde entonces, el ejército ha demolido varias estructuras y se ha apoderado de vehículos, estableciendo barricadas y puestos de control para limitar el movimiento, según Nidal Younes, jefe del consejo local.
"Todo esto está dentro del marco de la ocupación, para asustar, para hacer la vida de las personas extremadamente difíciles y obligarlas a irse", señaló.
Masafer Yatta se encuentra en el 60% de Cisjordania conocido como Área C, donde el ejército israelí ejerce el control total bajo los acuerdos de paz provisionales alcanzados con los palestinos en la década de 1990. Las estructuras palestinas construidas sin permisos militares, que los residentes dicen que son casi imposibles de obtener, están en riesgo de demolición.
El Área C también alberga varios puestos de avanzada de asentamientos judíos que están protegidos por el ejército a pesar de haber sido construidos sin autorización israelí. Cerca de 500.000 colonos viven en comunidades de Cisjordania, la mayoría de las cuales fueron planificadas y aprobadas por el gobierno. Muchos se parecen a pequeños pueblos o suburbios, con bloques de apartamentos, centros comerciales y fábricas.
Los palestinos y la comunidad internacional ven los asentamientos como un obstáculo importante para resolver el conflicto –que ya lleva décadas– porque absorben y dividen la tierra en la que se establecería un futuro estado palestino junto a Israel.
Israel considera oficialmente que el territorio en disputa de Cisjordania está sujeto a negociaciones, pero todos los gobiernos desde 1967 han expandido los asentamientos, y los partidos de derecha dominantes del país se oponen a la creación de un estado palestino. Uno de los jueces de la Corte Suprema que emitió el fallo sobre Masafer Yatta es un colono.
Eugene Kontorovich, un erudito legal en el Foro de Política Kohelet de Israel, un grupo de expertos de derecha, dijo que Israel no podía permitir que "los ocupantes ilegales privados determinen los usos de la tierra estatal" y estaba justificado para prohibir que las personas ingresen a un campo de tiro militar. "La justificación técnica y legal es que no es su tierra", agregó.
Los grupos de derechos humanos alegan que varias otras comunidades palestinas en Cisjordania podrían enfrentar amenazas similares de expulsión si la comunidad internacional no presiona a Israel sobre Masafer Yatta. Israel ha declarado zonas de tiro en el 20% de Cisjordania, afectando a unos 5.000 palestinos de 38 comunidades, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.
Dror Sadot, portavoz del grupo de derechos humanos israelí B'Tselem, dijo que Israel probablemente implementaría una "transferencia silenciosa" en la que gradualmente hace la vida tan difícil que las familias se filtran por su cuenta.
Israel ha declarado zonas de tiro en el 20% de Cisjordania, afectando a unos 5.000 palestinos de 38 comunidades, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
La Asociación por los Derechos Civiles en Israel, que ha estado librando una batalla legal en nombre de los residentes de Masafer Yatta durante más de dos décadas, ha presentado otra petición contra el fallo de la Corte Suprema. Roni Pelli, abogado del grupo, dijo que el "terrible fallo" va en contra del derecho internacional, que prohíbe la transferencia de civiles fuera del territorio.
"La consecuencia legal es que el derecho internacional humanitario ya no es relevante en Cisjordania porque el comandante militar puede emitir la orden que quiera", dijo. "No tienes que poner a la gente en camiones para obligarlos a abandonar la tierra", agregó. "Estoy muy, muy preocupado de que pueda convertirse en un desastre humanitario".
