La prisa de Israel por extender la soberanía sobre sus asentamientos en Judea y Samaria, tras el anuncio del plan de paz de Donald Trump, se redujo rápidamente el miércoles, con funcionarios en Jerusalem atenuando significativamente el lenguaje utilizado sólo horas antes.
Casi tan pronto como se reveló el plan de Trump, el primer ministro Benjamín Netanyahu declaró que tenía la intención de someter una propuesta para aplicar la jurisdicción israelí al Valle del Jordán, el norte del Mar Muerto y los asentamientos de Judea y Samaria a una votación del gabinete "presumiblemente el domingo".
El plan de Trump deja en claro que los asentamientos quedarían sometidos a cualquier acuerdo de paz final, algo insinuado en noviembre cuando el secretario de Estado Mike Pompeo afirmó que "el establecimiento de asentamientos civiles israelíes en Judea y Samaria no es inconsistente con la ley internacional”.
Pero el principal asesor presidencial y arquitecto del plan de paz, Jared Kushner, arrojó dudas el martes por la noche sobre la viabilidad inmediata de tal medida. "No creo que esto vaya a suceder este fin de semana, al menos hasta donde yo sé", dijo Kushner a Christiane Amanpour, de CNN.
Un alto funcionario de Jerusalem dejó en claro el miércoles que el gobierno no votaría sobre la anexión en ningún caso, a pesar de las especulaciones de que esto estaría en las cartas. "El término es 'aplicar jurisdicción'. Las áreas en cuestión no están actualmente en manos de ningún otro Estado y, por lo tanto, la anexión no es el término correcto", sostuvo.
Netanyahu pareció adoptar apresuradamente la idea de la jurisdicción civil israelí sobre áreas que anteriormente estaban sujetas a la ley militar. Al informar a los periodistas en Washington el martes, el primer ministro dijo que tenía la intención de llevar al gabinete el domingo la primera etapa del plan para aplicar la jurisdicción israelí sobre los asentamientos de Judea y Samaria.
La segunda etapa vendría después de un período de preparación y se llevaría a cabo en coordinación con Estados Unidos. "Tomará tiempo, pero revocaremos la ley militar sobre más de 500,000 israelíes", dijo el primer ministro.
Esto significa que las restricciones a la construcción de asentamientos se levantarían, mientras que el control de seguridad sobre toda Judea y Samaria permanecerá en manos de Israel, explicó Netanyahu.
Pero el portavoz del primer ministro y del Likud, Jonatan Urich, rápidamente borró un tweet publicado inmediatamente después del anuncio del plan de Trump, en el que afirmó que la soberanía se anunciaría pronto.
El ministro de Defensa, Naftali Bennett, declaró el miércoles que posponer la decisión de aplicar jurisdicción sobre los asentamientos sería un grave error: "Cualquier cosa que no hagamos antes de las elecciones [del 2 de marzo] nunca se hará, y todos entendemos eso".
Asimismo, afirmó que creó un equipo especial compuesto por las FDI y funcionarios del gobierno para trabajar en la implementación inmediata de cualquier decisión de extender la jurisdicción israelí. "Ahora tendrán que proporcionar servicios a 500,000 colonos”, destacó.
El Procurador General Avichai Mandelblit también emitió una nota de precaución el martes, diciendo que su trabajo es ayudar al gobierno a llevar a cabo sus políticas, pero debe haber una restricción por parte de un gobierno de transición.
Sin embargo, sostuvo que la anexión no sería ilegal únicamente porque el gobierno era de transición. "Uno debe examinar el porqué de la necesidad de apresurarse y por qué el tema no puede dejarse para un nuevo gobierno", argumentó.
Se espera que Mandelblit describa a Netanyahu las dificultades de que un gobierno interino declare la soberanía israelí sobre todos los asentamientos de Judea y Samaria.
El principal problema legal que enfrenta una acción tan drástica deriva del hecho de que los gobiernos provisionales, como el que está instalado actualmente en Israel, normalmente no tienen derecho a tomar decisiones profundas que afecten a las futuras administraciones.
"Mi opinión es que es mi deber ayudar a la administración elegida a aplicar sus políticas, y eso significa que hay ciertas reglas a seguir. Los gobiernos interinos deben ser restringidos. Si el gobierno interino hace una solicitud, la revisaré legalmente, pero el gobierno actual tiene otras cosas de las que preocuparse primero", explicó.
Según Mandelblit, las solicitudes realizadas por la administración actual se aprueban el 99% del tiempo: "Si la solicitud no se aprueba por alguna razón, la excepción se convierte en la regla. Necesitamos recordar que al final somos una nación regida por las leyes".
Hace 20 años, sobre el final del mandato de Ehud Barak como primer ministro, el entonces fiscal general, Elyakim Rubinstein, se opuso a la continuación de las negociaciones de su administración con los palestinos, argumentando que aunque no era técnicamente ilegal no era apropiado para un gobierno saliente llevar a cabo negociaciones que pudieran conducir a futuras decisiones vinculantes.
"La autoridad de un gobierno antes de las elecciones tiene por objeto evitar cualquier posible vacío de poder. Tal gobierno no tiene la intención de traer cambios que seguramente tengan ramificaciones a escala global. Su gobierno debe evitar hacer cambios sustanciales, más aún en vísperas de las elecciones", escribió Rubinstein en una carta a Barak.
El fiscal general agregó: "Con el debido respeto hacia los políticos, es dudoso que las decisiones tomadas tan cerca de las elecciones estén libres de motivación política".
