Cuatro días después de que la República Argentina adhiriera a la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), Tucumán aprobó el Decreto 941/1 que introduce esa definición para el sector público de dicha provincia.
El gobernador, Juan Manzur, y la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, firmaron el instrumento legal, el cual considera al antisemitismo como "una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos".
"Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto”, añade el documento.
La Argentina es parte de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto desde el 2002. La organización reúne a gobiernos y expertos de todo el mundo con el objetivo de reforzar, promover e impulsar la educación, la memoria y la investigación sobre la Shoá.
Durante su reciente visita a Israel, en enero de este año, el presidente argentino, Alberto Fernández, firmó un documento que reafirma el compromiso del país con el recuerdo del Holocausto y se comprometió a asumir nuevos desafíos ante el crecimiento manifiesto del antisemitismo.
La IHRA decretó esta definición de antisemitismo en 2016 y desde entonces es adoptada por los gobiernos de numerosos estados.
Entre los ejemplos de manifestaciones que condena el documento aprobado por el gobierno de Tucumán se encuentran:
- Culpar a los judíos como pueblo o a Israel, como Estado, de inventar o exagerar el Holocausto.
- Denegar a los judíos su derecho a la autodeterminación, por ejemplo, alegando que la existencia de un Estado de Israel es un empeño racista.
- Aplicar un doble rasero al pedir a Israel un comportamiento no esperado ni exigido a ningún otro país democrático.
- Establecer comparaciones entre la política actual de Israel y la de los nazis.
- Considerar a los judíos responsables de las actuaciones del Estado de Israel.