Con 30 votos a favor y 13 en contra, el parlamento israelí aprobó hoy un proyecto que enmienda la ley de de Salud Pública y autoriza al Ministerio de Salud a brindar la información personal de quienes no se vacunaron a las autoridades municipales, al director general del Ministerio de Educación y a los funcionarios del Ministerio de Bienestar que dirigen instituciones de cuidado, "con el fin de que estos organismos puedan incentivar a las personas a que se vacunen, solicitar de manera personal que lo hagan y otras acciones a definir”.
El anuncio posterior a la aprobación del proyecto de ley establece: “Con el fin de reducir la invasión de la privacidad y evitar el uso indebido de la información, la ley estipula que los datos solo podrán ser utilizados para fomentar la inmunización y queda prohibido cualquier otro uso de los mismos. El acceso a la información estará restringido a los titulares de funciones definidas y las personas expuestas a ella deberán firmar un compromiso para mantener la confidencialidad. La información se eliminará al final del uso y, a más tardar, 60 días después de su recepción. Una persona que haya sido contactada con el propósito de promover la inmunización tendrá derecho a exigir que se eliminen sus datos y que no se la contacte nuevamente en este asunto".
El parlamentario y presidente de la comisión de Trabajo, Bienestar y Salud, Haim Katz (Likud), afirmó que “la pandemia no funciona de una manera lógica. Antes afectó a los adultos, ahora afecta a los más jóvenes”, y agregó: “Me preguntan por la privacidad: ¿El valor de la privacidad es más importante que el valor de la vida? Lo sagrado de la vida está por encima de todo”.
Hadas Ziv, vicepresidente de ética de la organización Médicos por los Derechos Humanos, declaró: "La Knesset de Israel llevó a cabo hoy una peligrosa usurpación y aprobó una ley draconiana que viola la ética médica y la Ley de Derechos del Paciente, cuyas consecuencias podrían ser desastrosas. La transferencia de información médica a las autoridades locales y al Ministerio de Educación dañará la gran confianza que los ciudadanos tienen en los fondos de salud, hasta el punto de evitar el suministro de información esencial para su tratamiento”, y concluyó: “Esperamos que la comunidad de la salud se niegue a obedecer la ley y proteja a sus pacientes".
