Aharon Barak, expresidente de la Corte Suprema –quien se desempeñó como juez israelí en la Corte Internacional de Justicia en La Haya–, voló en secreto a los Países Bajos hace dos semanas. El propósito de la visita secreta era la consulta y la decisión de la Corte Internacional de Justicia de rechazar la solicitud de Sudáfrica de emitir otra orden contra Israel que le impidiera lanzar una operación en Rafah.
Sudáfrica presentó otra solicitud de mandamiento judicial urgente para impedir que Israel entre en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Debido a la urgencia de la solicitud, el tribunal decidió convocar a una reunión especial y dos jueces "ad hoc" –Barak y un juez sudafricano–, que viajaron especialmente a La Haya desde Israel y Sudáfrica. Los dos asistieron a las consultas del panel de jueces, que finalmente rechazaron la solicitud de Sudáfrica y consideraron que no había razón para emitir nuevas órdenes más allá de las existentes relacionadas con las operaciones en toda la Franja de Gaza, incluida Rafah.
La CIJ anunció en su decisión que no se impondrían nuevas órdenes a Israel, pero agregó que estaba obligada a cumplir con las órdenes emitidas el 26 de enero, que también incluyen una referencia a Rafah. La CIJ advirtió de una crisis humanitaria cada vez mayor en caso de que se produjera una acción de este tipo, citando la advertencia del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
En una apelación ante la Corte Internacional de Justicia, Sudáfrica dijo que estaba profundamente preocupada por el hecho de que el ataque "sin precedentes" declarado por Israel en Rafah ya había provocado una gran cantidad de muertes y víctimas civiles. Señaló que la ofensiva israelí en el sur de la Franja de Gaza causaría más daños.
Sudáfrica afirma que la actividad israelí viola la orden emitida por La Haya en la demanda contra Israel. Sudáfrica acogió con beneplácito la posición del tribunal de La Haya de que "los acontecimientos en Gaza y Rafah en particular exacerbarán la violación de los derechos humanos" y la exigencia de que Israel cumpla las órdenes.
Mientras tanto, Israel envió un documento a la CPI en el que afirmaba que había implementado las órdenes del 26 de enero sobre la prevención de la incitación al genocidio, la prevención de la supresión de pruebas de genocidio y la entrega de ayuda humanitaria.
