Más de 90 países expresaron su “profunda preocupación” por las medidas punitivas de Israel contra el pueblo, el liderazgo y la sociedad civil palestinos luego de que la ONU solicitara una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la legalidad de las políticas israelíes en Cisjordania y Jerusalem Oriental.
En una declaración emitida el lunes por el representante de la Autoridad Palestina en la ONU, los países firmantes pidieron la reversión de las medidas israelíes y dijeron, independientemente de su posición sobre la resolución de la Asamblea General, “rechazamos las medidas punitivas en respuesta a una solicitud de opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia”.
La Asamblea General de 193 miembros expresó 87 votos a favor, 26 en contra y 53 abstenciones en la resolución promovida por los palestinos y rechazada con vehemencia por Israel para que La Haya se pronuncie sobre el carácter de la ocupación. Si bien los fallos de la Corte Internacional de Justicia no son legalmente vinculantes, pueden influir en la opinión mundial.
El nuevo gobierno de línea dura de Israel respondió el 6 de enero, aprobando medidas para castigar a los palestinos como represalia. El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo en una reunión de su gabinete dos días después que las medidas contra los palestinos tenían como blanco lo que calificó como una medida “extrema contra Israel” en las Naciones Unidas.
El Gabinete de Seguridad del gobierno decidió retener 39 millones de dólares de la Autoridad Palestina y transferir los fondos a un programa de compensación para las familias de las víctimas israelíes de los ataques de terroristas palestinos.
También decidió deducir la cantidad de ingresos que Israel normalmente transfiere a la Autoridad Palestina por una suma igual a la cantidad pagada el año pasado a las familias de los prisioneros palestinos y los muertos en el conflicto, incluidos los terroristas implicados en los ataques contra israelíes. El liderazgo palestino describe los pagos como asistencia social necesaria, mientras que Israel dice que el llamado Fondo de los Mártires incentiva la violencia.
El Gabinete de Seguridad también apuntó directamente a los funcionarios palestinos, diciendo que negaría los beneficios a las “personas importantes que lideran la guerra política y legal contra Israel”. El primer palestino afectado fue el ministro de Relaciones Exteriores, Riad Malki, quien dijo en un comunicado el 8 de enero que regresaba de la toma de posesión del presidente brasileño cuando se le informó que Israel rescindió su permiso de viajero VIP, que permite a los altos funcionarios palestinos viajar más fácilmente en y fuera de Cisjordania que al resto de los palestinos.
La declaración publicada el lunes fue firmada por representantes de las naciones árabes y la Organización para la Cooperación Islámica de 57 miembros y otros 37 países, 27 de ellos de Europa, incluidos Alemania, Francia e Italia, así como Japón, Corea del Sur, Brasil, México y Sudáfrica.
El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, celebró la declaración de apoyo y le dijo a The Associated Press que “ejercemos nuestros derechos democráticos de ir a la Asamblea General de manera pacífica, legal, y formulamos una pregunta a la CIJ para solicitar una opinión consultiva”.
Mansour expresó su sorpresa por el apoyo de países que se habían abstenido de votar la remisión de la cuestión a la Corte Internacional. “Castigar al pueblo por acudir a la Asamblea General es otra cosa. Por eso nos apoyaron y se opusieron a esta política del gobierno israelí, y exigen que se revoque esta decisión”, sostuvo.
El representante palestino predijo que más países apoyarán la declaración cuando el Consejo de Seguridad celebre su reunión mensual sobre Oriente Medio el 18 de enero.
