Ex altos funcionarios de la justicia se pronunciaron este jueves en contra de las amplias reformas del sistema judicial del país previstas por el gobierno de Benjamin Netanyahu, prestando sus voces a una creciente protesta contra la revisión propuesta.
Siete ex fiscales generales que desempeñaron el cargo durante las últimas cinco décadas -entre ellos dos nombrados por Netanyahu, cuyo ministro de Justicia encabeza las reformas- firmaron una carta de protesta, junto con otros cuatro ex altos funcionarios judiciales. En la carta se denuncian los cambios, afirmando que son destructivos para el sistema jurídico del país.
"Pedimos al gobierno que retire el plan propuesto y evite graves daños al sistema judicial y al Estado de derecho", se puede leer en la carta. Los ex funcionarios afirmaron que las reformas convertirían a la Corte Suprema, a menudo el último recurso de israelíes y palestinos que tratan de impugnar lo que consideran políticas discriminatorias, en un "órgano seudopolítico sospechoso de torcer la ley en favor del gobierno".
El nuevo gobierno de Israel hizo de la revisión del sistema jurídico del país un elemento central de su programa. Quiere debilitar a la Corte Suprema, permitiendo que los legisladores aprueben leyes que el tribunal haya revocado con una mayoría simple en la Knesset. Otras reformas incluyen politizar el nombramiento de jueces, reducir la independencia de los asesores jurídicos del gobierno o ignorar a sus consejeros.
Las reformas podrían ayudar a Netanyahu, que está siendo juzgado por corrupción, a eludir la condena, o incluso hacer que su juicio desaparezca por completo. Desde que fue acusado en 2019, "Bibi" arremetió públicamente contra el sistema judicial, calificándolo de parcial en su contra. Según él, las reformas legales se llevarán a cabo de manera responsable.
Los cambios buscados provocaron un alboroto por lo que los críticos dicen que es una gran amenaza para los fundamentos democráticos del país. El actual fiscal general de Israel criticó duramente las reformas y la semana pasada miles de personas protestaron contra ellas. Alan Dershowitz, acérrimo defensor de Israel, también se manifestó en contra del plan, afirmando que, si estuviera en Israel, se uniría a las manifestaciones.
Los críticos acusan al gobierno de declarar la guerra al sistema legal, afirmando que el plan pondrá patas arriba el sistema de controles y equilibrios de Israel y socavará sus instituciones democráticas al otorgar un poder absoluto a la coalición más derechista de la historia del país.
El gobierno afirma que las reformas son un paso necesario para racionalizar la gobernanza y corregir un desequilibrio que otorgó demasiada influencia al sistema jurídico.
Los partidarios del partido conservador Likud, de Netanyahu, celebraron una manifestación frente a la casa de Tel Aviv del ex presidente de la Corte Suprema, Aharon Barak, después de que el ex alto litigante arremetiera contra las reformas propuestas, coreando "eres corrupto" y "diriges una organización criminal".
En respuesta, se organizó una contramanifestación frente a la casa del ministro de Justicia, Yariv Levin, en Modi'in, con manifestantes que evocaban a los nazis, lo que provocó la ira de los miembros más duros del gobierno.
