Un grupo de víctimas estadounidenses del terrorismo, que obtuvieron más de 400 millones de dólares en sentencias judiciales contra la República Islámica por su patrocinio de atentados, intentan impedir que la Administración Biden libere 40.000 millones de dólares en activos iraníes congelados.
Estados Unidos se comprometió a descongelar los fondos pertenecientes al Banco Central de Irán (BCI), que se encuentran principalmente en cuentas bancarias en el extranjero, en virtud de un acuerdo de liberación de presos que se está negociando actualmente con Teherán. Las familias alegan que la liberación de los fondos les impedirá ejecutar sus sentencias contra estos activos y, en la práctica, puede impedirles cobrar las sentencias.
Dos docenas de personas presentaron la demanda el domingo al Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York. Allí, se nombra como demandados al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro, así como al secretario de Estado, Anthony Blinken, y a la secretaria del Tesoro, Janet Yellin. La demanda fue presentada en nombre de las víctimas del terrorismo por los abogados Robert J. Tolchin, de Nueva York, y Nitsana Darshan-Leitner, de Tel Aviv (Israel), que representan a las familias.
Según los informes, Estados Unidos e Irán, que mantiene encarcelados en Teherán a cinco estadounidenses de origen iraní y exigió la liberación de los fondos congelados como condición para la liberación de los mismos, están trabajando para llegar a un acuerdo que supondría la devolución al régimen de Teherán de 40.000 millones de dólares en activos iraníes.
El grupo incluía a familias de víctimas de atentados suicidas, atentados con coche bomba y ataques desde vehículos, cometidos entre 2001 y 2016 por los grupos terroristas Hamás, Hezbolá y la Jihad Islámica Palestina.
Los demandantes temen que los miles de millones liberados sean utilizados por la Guardia Revolucionaria iraní, que proporciona apoyo y armas a grupos terroristas, para financiar oleadas de futuros ataques con misiles y bombas.
"Sería escandaloso liberar los 40.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados cuando estas familias estadounidenses tienen sentencias judiciales impagadas contra el régimen patrocinador del terrorismo de Teherán dictadas por tribunales estadounidenses", declaró la abogada Nitsana Darshan-Leitner.
"Durante más de una década, Irán se ha negado a pagar los fondos concedidos a las familias por los tribunales y se ha burlado de ellas y del sistema judicial estadounidense. Los miles de millones de fondos congelados son la última baza que tienen las familias para obligar a Irán a pagar. Si se liberan estos fondos, se elimina toda esperanza de que las familias obtengan algún tipo de justicia contra este régimen proscrito. Estados Unidos animó a estas familias, gravemente perjudicadas por el terrorismo, a presentar demandas contra Irán y ahora el gobierno tiene el deber ayudarlas", agregó.
Según el abogado Robert J. Tolchin: "Todos queremos que los cinco sufridos cautivos estadounidenses que Irán retiene cruelmente como moneda de cambio sean liberados lo antes posible. Pero la carga de cualquier acuerdo con Irán para asegurar la liberación de los rehenes, por sabio o desacertado que sea el acuerdo, tiene que recaer sobre la nación en su conjunto, no sólo sobre un pequeño grupo de víctimas del terror iraní que ya han sufrido tanto."
