El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció medidas drásticas para afrontar la devastadora acción de la variante Delta del coronavirus, que aumentó en un 300% las infecciones diarias, si se las compara con el mismo período del año pasado.
De tal modo, los empleados públicos, los contratistas del gobierno y las instituciones que aceptan ayuda del Estado tendrán la obligación de vacunarse; lo mismo que aquellas empresas con más de 100 trabajadores que requieren pruebas semanales de COVID-19.
“Muchos de nosotros estamos frustrados con los 80 millones de conciudadanos que aún no están vacunados. Y las cosas empeoran cuando sus gobernantes trabajan activamente para socavar la lucha contra la COVID-19, en vez de alentar a la gente a que se vacune y se ponga una mascarilla”, sostuvo el presidente norteamericano.
"Una clara minoría de estadounidenses, apoyados por una clara minoría de funcionarios de cargos electos, impide dar vuelta la página de la pandemia", señaló Joe Biden durante su discurso, que fue televisado. "Los no vacunados abarrotan nuestros hospitales, están saturando las salas de urgencias y las unidades de cuidados intensivos, y no dejan espacio para alguien con un ataque al corazón o una pancreatitis o un cáncer", añadió.
Miembros del Partido Republicano alzaron la voz
Desde el sector republicano salieron rápidamente a cruzar el discurso presidencial y atacaron a la administración afirmando que se estaba extralimitando en sus funciones. "Se parece mucho a una dictadura", señalaron algunos por Twitter.
En la actualidad, los trabajadores del gobierno deben vacunarse o someterse a pruebas periódicas, mientras que la nueva norma obligará a una vacunación prácticamente total. Unos 17 millones de trabajadores sanitarios de centros de salud que reciben financiación de los programas gubernamentales de Medicare o Medicaid también tendrán que vacunarse.
Un sindicato ya advirtió que las medidas anunciadas vulneran los derechos de los trabajadores y dejó la puerta abierta a querellarse contra la obligatoriedad de aplicarse la vacuna.
También este jueves, el distrito escolar de Los Ángeles, el segundo más grande del país, exigió a todos los estudiantes de 12 años o más que se vacunen si quieren asistir a una escuela pública, una medida que afecta a unos 220.000 jóvenes que pueden recibir la vacuna.
Sin embargo, los padres y algunos políticos republicanos de todo el país, especialmente en el sur, se oponen ferozmente a la vacunación obligatoria y el uso de tapabocas en las escuelas.
