Han pasado dos años desde que se promulgó la "ley de compensación", que requiere que Israel reserve cada mes una cantidad equivalente a la que la Autoridad Palestina (AP) transfiere a los terroristas encarcelados en cárceles israelíes, del dinero de los impuestos que recauda para destinar a la AP.
La dirección de esta ley es correcta: además de la campaña militar y política contra el terrorismo, también debemos luchar desde la economía, para agotar sus fuentes de financiación.
La pregunta en cuestión radica en si esta ley realmente puede lograr su objetivo.
Hasta ahora, los estipendos de la AP para los presos no han disminuido. Todos los fondos deducidos del dinero transferido al gobierno palestino, son a expensas de la educación, la salud y el bienestar.
El cinismo de la AP llora a los cielos, pero la ley no ha logrado su objetivo.
Por el contrario, esto puede interpretarse como un castigo colectivo, dejando a los terroristas ilesos.
Los palestinos, por supuesto, dirigen sus críticas hacia los israelíes, quienes son muy conscientes de lo que significan sus amenazas de una "crisis humanitaria".
Además, todo el dinero está en manos de Israel, y el ministro de Defensa tiene la autoridad por ley de liberarlo, o no, por razones políticas o de seguridad.
Es seguro asumir que se producirá una situación en la que todo el dinero será transferido a la AP, y los palestinos saldrán de esta crisis fiscal con ventaja.
Una guerra financiera contra el terrorismo es vital, pero Israel debe encontrar una herramienta más efectiva, y enfocada a afectar solo a las personas que perpetúan el terror.
Esto puede hacerse mediante demandas masivas por parte de víctimas del terrorismo contra los autores de los ataques.
2 צפייה בגלריה
Palestinos en Ramala dan la bienvenida a terroristas liberados de las cárceles israelíes.
(Gil Yochanan)
Una persona afectada por el terrorismo, podría presentar cargos civiles contra el terrorista que llevó a cabo el ataque, la persona que le suministró las municiones, el comandante de su organización, los integrantes de la misma, el comandante sobre su comandante, y la cadena de mando sobre él.
Si cada víctima del terrorismo lo hiciera, y las víctimas en este contexto incluyen a todos y cada uno de los residentes de las comunidades fronterizas de Gaza, el terrorismo podría recibir un duro golpe.
La pregunta es, cómo un ciudadano común podría presentar dicha demanda. Requeriría de recursos económicos, conocimiento y personal de inteligencia, que no están disponibles para la persona promedio.
Este debería ser el papel del Estado: establecer una unidad especial de inteligencia que trabajará en conjunto con todas las agencias de inteligencia en Israel, para proporcionar a las víctimas del terrorismo la evidencia necesaria y el apoyo financiero para procesar a su atacante.
El experto en seguridad, Eitan Rilov, concibió dicho plan, el cual debería convertirse en ley y adoptarse como política estatal. Rilov falleció hace algunas semanas, e Israel debería dejar que su visión de dejar de financiar a los terroristas, sea su legado.
