Es inútil criticar a la policía ante la falta de adhesión a las pautas sanitarias por parte de las comunidades ultraortodoxas. Sucede que varios de estos sectores violan las medidas y realizan reuniones masivas de manera intencional, con el respaldo y el aliento de sus rabinos superiores.
El control absoluto no es realista ni posible, ya que la policía tendría que extender sus fuerzas hasta el colapso y utilizar medios que son cuestionables en países democráticos. Los ciudadanos deben cuidarse de manera independiente, sin la necesidad de que un oficial esté advirtiéndoles.
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Una multitud de ultraortodoxos ignora las directivas de distanciamiento social durante una boda en Rehovot.
(Nadav Abas)
La aplicación de las reglas sanitarias no sólo han tenido poca adhesión en el sector haredí, sino también dentro de la comunidad árabe, entre los manifestantes antigubernamentales y aquellos que sólo quieren relajarse en la playa. Sin embargo, en estos otros casos, se trata principalmente de violaciones cometidas por un puñado de personas que no cuentan con el respaldo de los líderes locales y no provocan aumentos considerables en la tasa de morbilidad.
Por el contrario, la comunidad ultraortodoxa es el sector con mayor número de pacientes con COVID-19 en Israel. Según los datos publicados el martes, casi la mitad de todos los infectados del país son de este sector.
La propagación de la infección dentro de la comunidad no fue deliberada, sino que sucedió debido a la arrogancia y un total desprecio de la realidad. Ideales que fueron legitimados por los líderes religiosos de alto nivel. Como resultado, no solo los ultraortodoxos están pagando el precio por su conducta irresponsable, sino todos los israelíes.
El gobierno y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley se encuentran indefensos ante este fenómeno. Y toda persona sensata sabe que este comportamiento debe revertirse.
Todavía hay una opción que podría ser efectiva, y no consiste en toques de queda o vigilancia policial agresiva. La respuesta podría ser las sanciones económicas. Un retiro selectivo y gradual de los miles de millones de shekels en ayudas y subsidios anuales que reciben las instituciones de la comunidad por parte del Estado: yeshivas, kollels, grupos de estudio bíblico e incluso sinagogas y mikvot son financiadas con fondos públicos.
A cualquier rabino, movimiento jasídico o yeshivá que viole las reglas sanitarias para contener la pandemia se le negaría su financiación pública. El gobierno tiene el derecho moral de limitar este apoyo económico y, de este modo, minimizar el comportamiento rebelde.
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Desde el inicio de la pandemia, los sectores ultraortodoxos han chocado con la policía en reiteradas ocasiones.
(Ynet)
Hasta el día de hoy, la comunidad ha ignorado a las autoridades y al público en general. Si el flujo de dinero se detiene, ellos y sus líderes tendrán que pensarlo dos veces.
Las reuniones masivas en yeshivas o sinagogas, por ejemplo, llevarían a una reducción parcial de los fondos para esas instituciones. Y si esas violaciones continuaran, se podría recortar todo el presupuesto.
En casos extremos, las sanciones podrían volverse más personales. Un estudiante de yeshivá que viole las reglas del coronavirus perdería parte o la totalidad de su estipendio estatal, una multa que resultaría mucho más efectiva que cualquier otra policial.
Entre los miembros rebeldes de la comunidad haredí también hay muchos movimientos que no reciben financiación estatal. En tales casos, las sanciones pueden apuntar al dinero donado desde el extranjero. Tal esfuerzo podría resultar técnicamente desafiante, pero su mera existencia sería un disuasivo eficaz.
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Ultraortodoxos protestan contra la restricción a la circulación impuesta por el Ministerio de Salud.
(Alex Kolomoisky)
Algunos podrían señalar a los judíos seculares que violan las restricciones, que asisten a fiestas ilícitas o asisten a la playa con sus amigos. ¿Ellos también perderían sus beneficios? Si la realidad y las tasas de contagio fueran diferentes, podría ser una posibilidad. Pero la circulación del virus entre los ultraortodoxos es mucho más extendida y peligrosa.
No soy ingenuo, sé que estas medidas tienen muchos obstáculos legales y constitucionales. Y principalmente intereses políticos que atravesar. También soy muy consciente de que, desde el punto de vista tanto del primer ministro Benjamín Netanyahu como del ministro de Defensa Benny Gantz, tales sanciones equivalen a un suicidio político.
Pero la pandemia ni siquiera está cerca de terminar y estas medidas podrían resultar una solución no violenta. Israel ya no puede soportar esta situación y las sanciones económicas podrían convertirse en un método eficaz y menos doloroso para resolver el problema.
