Hace cuatro años tuve el privilegio de conversar con Shudia Jikkri, quien me contó la conmovedora historia de la desaparición de su hijo en los primeros años posteriores a la fundación del Estado de Israel. Le pregunté si se había contactado con las comisiones de investigación oficiales y su respuesta fue enfática: “¿Cómo voy a ir? ¡No tengo un solo papel!”
Recientemente el gobierno aprobó un plan de indemnizaciones para familias víctimas de la desaparición de niños que emigraron desde Yemen, Europa Oriental y los Balcanes. La decisión surge de un dictamen jurídico que insta a limitar al grupo con derechos a una compensación solamente a las familias cuyo caso ingresó a algunas de las comisiones de investigación. El motivo: “Después de 70 años no se puede certificar la credibilidad de cada testimonio”.
Esta decisión, que pretende curar las divisiones de la sociedad israelí, en los hechos hace exactamente lo contrario: divide a las familias “elegibles” de aquellas “cuyos reclamos no se pueden probar”. Por eso la noticia fue recibida por las familias como una continuación del profundo desprecio hacia ellas y todo el tema de los niños desaparecidos.
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La desaparición de niños en los 50, una herida abierta en la sociedad israelí.
(David Eldan)
Estas personas sufren desde hace décadas. Primero, por la desaparición de los niños. Después por la campaña de silencio que se originó alrededor del tema. Luego por la humillación de las comisiones investigadoras. Y en todo el camino por la cobertura mediática, que en ocasiones los presentó como un montón de mentirosos y delirantes.
El esquema de indemnizaciones es un daño adicional para las familias. No debería llamarse “acuerdo”, ya que un acuerdo es el resultado de una negociación entre partes, pero esta decisión fue unilateral y se difundió entre las familias sin que mediara un aviso. El resultado es que muchos afectados quedaron entre confundidos y enojados.
Las familias nunca exigieron pagos, sino saber con claridad qué le sucedió a sus hijos y por qué durante tantos años no recibieron respuestas, a pesar de que la Comisión Estatal de Investigación establecida en 1995 determinó que las instituciones a cargo de los campamentos de absorción fueron responsables.
No piden dinero ni piedad, simplemente transparencia, responsables y disculpas por la terrible injusticia a la que fueron sometidos durante décadas. Sin embargo, el Estado les ofrece una tarifa por su silencio y los continúa tratando como indignos para el diálogo.
Cada familia tiene derecho a decidir si acepta o no la propuesta, que obliga a firmar una renuncia a futuras demandas y cuyo objetivo claro es silenciar demandas. No solamente no repara ni cura heridas, sino que ejerce una violencia burocrática desde las instituciones estatales.
