Las leyes presentadas por la derecha se enfrentaron hasta ahora a obstáculos en su camino hacia la aprobación gubernamental tras la exitosa aprobación del Presupuesto, incluyendo una para bloquear a las ONG extranjeras, otra para prohibir las banderas palestinas en las instituciones estatales y la tercera, una extensión del Proyecto de Ley del Estado-Nación de 2018 apodada Proyecto de Ley del Sionismo que obligaría al gobierno a aplicar el valor del sionismo a cualquier decisión que se tome.
Al mismo tiempo, el gobierno aprobó la financiación del homófobo de extrema derecha Avi Maoz, que dirigirá los programas extracurriculares del Ministerio de Educación a pesar de que un gran número de municipios juraron que no se le permitiría interferir en sus escuelas.
Benjamin Netanyahu, que encabeza la coalición más derechista y religiosa desde la creación del Estado, y cuya coalición anunció la revisión judicial que sacó a cientos de miles de personas a la calle, se vio ahora obligado a hacer frente a las propuestas de ley presentadas ante el comité ministerial.
Se había negado a sacar adelante la ley que prohibía a las ONG contribuir a las causas palestina e israelí, tras la condena internacional. Fue propuesta por un miembro del partido gobernante, el Likud, y pretendía impedir que organizaciones sin ánimo de lucro principalmente europeas financiaran proyectos palestinos y activistas israelíes de derechos humanos y de izquierda. La decisión de Netanyahu fue criticada por miembros de su propio partido, que afirmaron que había cedido a la presión extranjera.
3 צפייה בגלריה
Banderas palestinas en el acto del Día de la Nakba, Universidad de Tel Aviv.
(Motti Kimchi)
El proyecto de ley sobre banderas propuesto por Itamar Ben-Gvir, del partido Otzma Yehudit, tipificaría como delito el izado de banderas de "enemigos del Estado, especialmente en los campus universitarios". La fiscal general, Gali Baharav Miara, declaró que la propuesta plantea cuestiones constitucionales porque presupone una correlación entre la bandera y los actos de terror, al tiempo que infringe el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protesta.
El proyecto de ley sobre el sionismo que también propone el partido de Ben-Gvir puede encontrar obstáculos legales. Israel como Estado-nación del pueblo judío, serán principios rectores y decisivos en la configuración de la política de la administración pública, la política interior y exterior, la legislación y la actuación del gobierno y de todas sus unidades e instituciones, tanto en la configuración como en la aplicación de las políticas públicas, sin menoscabo de los principios recogidos en otras Leyes Básicas.
La propuesta de ley se basa en una cláusula del acuerdo de coalición entre Otzma Yehudit y el gobernante Likud, que dice que: "En el plazo de 30 días desde el establecimiento del gobierno, se tomará una decisión según la cual el sionismo se considerará el valor primordial a la hora de configurar la política pública, la política interior y exterior, la legislación y actividades del Estado".
El Dr. Amir Fuchs, del Instituto Israelí para la Democracia, declaró que si la ley concediera ventajas exclusivas a los judíos en los presupuestos o la asignación de tierras, contradiría la Declaración de Independencia y otras Leyes Fundamentales, y podría conducir a la discriminación de los israelíes no judíos bajo el barniz de "valores sionistas" contrarios a la identidad democrática de Israel.
La Oficina del Primer Ministro declaró que se estaban llevando a cabo negociaciones para acordar un proyecto de ley en el que los valores sionistas "guiarían" las decisiones del gobierno.
