Una semana después de conocerse los resultados de las elecciones en Israel, la Ley del Retorno ya está entre las negociaciones de la nueva coalición.
Primero se pronunciaron sobre los derechos de los LGBTQ, luego sobre las mujeres y el sistema judicial, y ahora le toca al pueblo judío.
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Judíos llegados de los antiguos países soviéticos a principios de la década de 1990.
(David Rubinger)
El Partido de los Sionistas Religiosos, dirigido por Itamar Ben-Gvir, y facciones ultraortodoxas durante las negociaciones de la coalición con Netanyahu se encuentran exigiendo, al parecer, un cambio en la ley que acabe con la capacidad de un nieto de judíos de hacer Aliá (inmigrar a Israel).
En un tuit la semana pasada, el legislador del Likud, Shlomo Karhi, comentó que ese fue el objetivo durante el último año, y que quienes se sorprenden por la propuesta no estuvieron escuchando los mensajes de la campaña electoral.
"No nos escucharon", manifestó. "El pueblo habló. Quieren un Estado judío y democrático y lo tendrán. Sus nietos nos lo agradecerán", sumó.
En otras palabras: No son bienvenidos en Israel y si fuera por nosotros, no estarían acá en primer lugar.
Para alguien que hizo Aliá hace 22 años, me pregunto qué habría pasado con las decenas de miles de personas que huyeron de los horrores de la guerra en Ucrania, incluidos mis propios padres, si Karhi hubiera sido el encargado de decidir a quién se le permite inmigrar y a quién no.
Todo esto, antes de empezar a hablar de un antisemitismo que no distingue entre los nacidos de madre judía y los que no lo fueron. Según mi experiencia, ser blanco del antisemitismo es una experiencia difícil que se sufre antes del proceso de confirmación del judaísmo y de la aprobación del rabinato.
La Ley del Retorno no sólo se refiere a la aliá y merece la pena conocerla.
Se aprobó en 1950 y fue la primera, y hasta hace poco la única, manifestación de Israel como patria para los judíos. Establece que un israelí neutralizado es aquel que nació de madre judía o se convirtió. En 1970, la ley se modificó para incluir a las personas cuyo padre o abuelo eran judíos.
La ley mantuvo el delicado equilibrio entre la definición religiosa-ortodoxa de quién es judío y la definición nacional de judío.
Por ejemplo, la ley determina que una persona convertida al judaísmo tiene derecho a inmigrar, pero no distingue entre conversiones ortodoxas, conservadoras o reformistas. Al incluir todas las corrientes del judaísmo en la ley, se evitó una ruptura entre Israel y las comunidades no ortodoxas de la diáspora.
En marzo de 2021, el Tribunal Supremo dictaminó que cualquier persona que se hubiera convertido en una conversión no ortodoxa en Israel podía obtener la ciudadanía israelí. Este fallo demostró una intención humana de alentar a los miembros de las familias judías a hacer Aliá.
Dejen la Ley del Retorno en paz. Quienes pretenden convertir a Israel en una teocracia halájica, que aleja a un gran número de judíos de todo el mundo, están perjudicando cualquier ley que refleje los valores del sionismo, el humanismo y el destino compartido del pueblo judío en el sentido más amplio de la palabra.
La propuesta de modificación de la ley, que abrió las puertas a tantos judíos y sus familias llegados de los antiguos países soviéticos, es un asalto por coacción religiosa al carácter nacional del país, y es una bofetada a cientos de miles de israelíes y comunidades judías de todo el mundo.
Los partidos políticos extremistas intentan que el rabinato sea la puerta de entrada al país, y la Ley del Retorno es quizá la última defensa para evitar que Israel se convierta en una teocracia conservadora.
El cambio propuesto se dirigiría primero a los nuevos inmigrantes, pero no se detendrá ahí.
Es posible que pronto veamos a los rabinos dirigiendo no sólo nuestras políticas de inmigración, sino el país en general, y esto no podemos permitirlo.
