Las repercusiones mundiales que generaron las filtraciones de la actividad de Pegasus, un software de una empresa israelí con capacidad de convertir a un celular en un dispositivo espía, ocurrió pocos días después de que el periodista Ronen Bergman, de Yedihot Ahronot, publicó dos artículos en el New York Times.
Según las investigaciones de Bergman, empresas cibernéticas israelíes apoyadas por el Ministerio de Defensa ignoraron graves violaciones de derechos humanos, como el asesinato del periodista saudí Jamal Hashukaji o la tortura de activistas. Se alegó, entre otras cosas, que la empresa israelí NSO vendió herramientas de espionaje a regímenes oscuros como Arabia Saudita, o a un funcionario mexicano acusado de tortura que en 2019 obtuvo asilo político en Israel.
Estas y otras denuncias revelan con claridad que la industria de ciberdefensa israelí se salió de control. En los próximos días se seguirán conociendo más detalles sobre el uso indebido de Pegasus. Pero el software de NSO es apenas la punta del iceberg del enorme problema de la industria de exportación de defensa israelí.
Muchas otras empresas israelíes, como Candiru, Cellebrite, Quadream o Verint, producen software ofensivo que se puede considerar un arma para uso civil o militar. Esto significa que cada teléfono celular puede caer en manos de piratas informáticos y gobiernos, algunos de los cuales no son confiables.
El software de NSO es apenas la punta del iceberg del enorme problema de la industria de exportación de defensa israelí.
Aunque la División de Control de Exportaciones de Defensa de Israel (AFI) se fundó para regular esta actividad, el organismo no hace su trabajo. En los últimos años, por ejemplo, el ministerio aprobó la venta de armas a la junta militar de Myanmar, a las autoridades de Sudán del Sur que afrontan graves sanciones internacionales, a Filipinas pese a las investigaciones vigentes en La Haya, e incluso a milicias neonazis de Ucrania.
Israel tiene la obligación moral y legal de reforzar el control de su industria de defensa y ciberdefensa. Grandes fabricantes y exportadores de armas del mundo hacen lo mismo. Y para eso la única solución es enmendar la Ley de Control de Exportaciones de Defensa.
2 צפייה בגלריה
The Guardian, uno de los prestigiosos medios internacionales que se hizo eco del escándalo del software espía.
(The Guardian)
Antes de la campaña electoral y la crisis del coronavirus parecía que esto podía ocurrir a partir de un proyecto de Tamar Zandberg, en ese momento parlamentaria y hoy ministra de Protección del Medio Ambiente, y el exlegislador Yehuda Glick. Pero la agitada agenda política y sanitaria trabó todo, más allá de un intento que fracasó hace un año.
El objetivo de la enmienda es acercar la legislación israelí a la ley de supervisión que rige en Estados Unidos desde hace 20 años, y a la ley europea que se aplica desde hace más de una década. Ninguna de estas leyes provocó que las industrias de defensa y ciberdefensa de estos lugares dejaran de movilizar miles de millones de dólares, pero sí permitieron un control real, público y transparente de estas industrias.
Los informes de Bergman deberían haber provocado cambios urgentes en el sistema responsable de la seguridad y las relaciones exteriores de Israel. Las repercusiones del caso Pegasus son una prueba de que el Ministerio de Defensa permite una peligrosa anarquía en el campo de las armas en general y las herramientas cibernéticas en particular. Solamente la enmienda de la Ley de Control de Exportaciones puede detener este abandono.
