Una batalla judicial en el seno de la empresa israelí de tecnología, NSO Group, arrojó nueva luz sobre la crisis en la que está sumida la compañía, incluidas las tensiones sobre si debe seguir vendiendo el malware a autócratas para mantenerse a flote.
La empresa ya estaba sumida en deudas antes de que una investigación revelara el año pasado que su software de pirateo telefónico "Pegasus" había sido utilizado para espiar a cientos de periodistas, disidentes y activistas de todo el mundo.
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Manifestantes en Tel Aviv exigen una investigación estatal sobre el presunto espionaje policial a ciudadanos mediante Pegasus.
(Moti Kimchi)
Ahora, el gigante de la tecnología de vigilancia se tambalea, sobre todo después de haber sido prohibido por Estados Unidos.
La agencia de noticias AFP revisó cientos de páginas de documentos judiciales de un litigio en el que están implicados la compañía, sus acreedores y Berkeley Research Group (BRG), accionistas mayoritarios de la empresa.
Los documentos sugieren que los acreedores trataron de presionar a NSO, con sede en el suburbio de Herzliya, en Tel Aviv, para que siga vendiendo Pegasus a países de "alto riesgo" con un historial de derechos humanos cuestionable, con el fin de mantener los ingresos.
Pero Berkeley Research exigió que se detengan las ventas sospechosas sin más revisiones internas, citando una "necesidad absoluta de que [NSO] aborde los problemas subyacentes" que la llevaron a la lista negra.
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Esta ilustración fotográfica de estudio muestra un teléfono inteligente con el sitio web del grupo israelí NSO que cuenta con el programa espía 'Pegasus', expuesto en París el 21 de julio de 2021.
(AFP)
"NSO es una empresa emblemática. Es una especie de caso de estudio en este momento"
Danna Ingleton, subdirectora de Amnistía Tecnológica
Las tensiones salieron a la luz en un caso judicial de Tel Aviv en el que BRG pretende forzar la escisión de tres filiales, entre ellas un fabricante de equipos antidrones, argumentando que las empresas más pequeñas corren el riesgo de verse afectadas por el escándalo de Pegasus.
Las líneas de la batalla legal revelan una lucha más amplia sobre el futuro de la empresa, con implicaciones para la industria mundial de la cibervigilancia.
"NSO es una empresa emblemática. Es una especie de caso de estudio en este momento", explicó Danna Ingleton, subdirectora de Amnistía Tecnológica.
Lo que ocurra con NSO, dijo, podría marcar un "cambio sísmico en la regulación de esta industria".
¿Cerrar?
Pegasus puede encender a distancia la cámara y el micrófono de un teléfono móvil y absorber datos.
Por eso, la empresa afirma que el software ayudó a las fuerzas de seguridad de muchos países a frustrar la delincuencia y detener ataques.
NSO no identificó a sus clientes, pero los informes revelaron que el malware fue utilizado por varios estados con escasas credenciales democráticas e historiales de supresión de la disidencia.
Según los informes, NSO estaba valorada en 1.000 millones de dólares en 2019, cuando los cofundadores, Shalev Hulio y Omri Lavie, anunciaron que habían adquirido la firma a la empresa californiana Francisco Partners, con el respaldo de la londinense Novalpina Capital.
En una carta publicada con los documentos judiciales, los abogados de los acreedores acusan a BRG de "impedir que la empresa acepte nuevos clientes".
Una fuente familiarizada con NSO contó que BRG quería que la empresa "cerrara, o que dejara de realizar algunas de las actividades"
"Dijimos que tenemos obligaciones legales y que no podemos hacerlo a menos que hagan un mal uso del sistema", aclaró la fuente, que pidió el anonimato.
Los abogados de BRG replicaron que "desde las revelaciones del Proyecto Pegasus, las únicas nuevas reservas de clientes potenciales" son de "clientes de riesgo elevado". Además, una fuente del equipo jurídico de BRG dijo que se oponía a esas ventas.
"Si quieren vender el sistema a los países democráticos, no creo que nadie se lo impida", manifestó la fuente.
Una deuda asombrosa
Según los informes, NSO estaba valorada en 1.000 millones de dólares en 2019, cuando los cofundadores, Shalev Hulio y Omri Lavie, anunciaron que habían adquirido la firma a la empresa californiana Francisco Partners, con el respaldo de la londinense Novalpina Capital.
Para financiar la adquisición, Novalpina pidió un préstamo de 500 millones de dólares y colocó la deuda en un holding por encima de NSO.
Esta operación destacó entre las empresas tecnológicas que suelen recurrir a bancos de inversión o inversores, declaró el abogado especializado en tecnología Dan Or-Hof, del Consejo de Protección de la Privacidad que asesora al Ministerio de Justicia.
La deuda era asombrosa, pero también lo eran los ingresos de NSO, estimados en 250 millones de dólares en 2018.
"Tomar préstamos por valor de 500 millones de dólares, diría, sería un hecho irregular para una empresa tecnológica en Israel", agregó.
La deuda era asombrosa, pero también lo eran los ingresos, estimados en 250 millones de dólares en 2018. Sin embargo, la suerte cambió.
Desde que salieron a la luz las revelaciones del Proyecto Pegasus el último mes de julio, Estados Unidos prohibió a la empresa, alegando que permitía a los gobiernos extranjeros "atacar maliciosamente" a las personas.
La agencia Moody's rebajó la calificación de NSO, citando sus bajos ingresos y el riesgo de que las nuevas ventas "puedan ser cada vez más difíciles dadas las acciones emprendidas contra la empresa".
De hecho, Apple los demandó por dirigirse a sus usuarios, tras una demanda similar de WhatsApp.
Los inversores de Novalpina, que poseen el 70 por ciento de las acciones de la empresa matriz de NSO, nombraron a BRG Asset Management para que asumiera la gestión de las inversiones.
Durante todo el proceso, NSO advirtió que sus ventas al extranjero están autorizadas por el Ministerio de Defensa y que no controla el uso que sus clientes hacen de Pegasus.
El Ministerio de Defensa se defendió asegurando que se encuentra revisando su proceso de aprobación de exportaciones.
Goteo de efectivo
Lo cierto es que la deuda de la empresa aumentó la presión para mantener los ingresos. En una carta enviada en diciembre, los abogados de los acreedores dijeron que entendían "la necesidad de ser cautelosos dada la atención mundial", pero que el "enfoque de BRG de no hacer nada... profundizó la actual crisis de liquidez de la empresa".
Los abogados de BRG replicaron que los prestamistas estaban "exigiendo que los clientes sancionaran ciegamente la venta" de Pegasus a clientes de "alto riesgo" sin las revisiones internas adecuadas.
Por último, NSO también fue criticada en Israel después de que los informes afirmaran que la policía utilizó Pegasus contra docenas de ciudadanos, incluidos altos funcionarios del gobierno y activistas, aunque una investigación interna socavó, hasta ahora, las acusaciones.
Tras el informe oficial, la empresa informó en un comunicado que "está estudiando el mejor camino para su crecimiento natural en términos de nuevos mercados y productos".
En enero, Integrity Labs, con sede en Delaware, envió una carta de interés al director general de NSO, Hulio, en la que proponía inyectar 300 millones de dólares, tomar el control de la empresa y reducir sus clientes a Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
Es una de las "pocas opciones que hay sobre la mesa", manifestó la fuente de NSO.
