Ha pasado casi un año desde que la pandemia de coronavirus comenzó a cobrar un precio devastador en las vidas de muchos israelíes: perdieron seres queridos, medios de vida y, en algunos casos, sus propios hogares.
Una de esas parejas es la compuesta por Vera Salinger –una víctima de la enfermedad de Crohn, en silla de ruedas– y su pareja Uri Carmel. Los dos acababan de comenzar a construir su vida juntos, encontrando un nuevo hogar cerca del mar en el Kibbutz Ga'ash, donde Vera podría recuperarse de una serie de operaciones. Pero luego llegó la pandemia.
"Queríamos que se recuperara de dos cirugías difíciles en nuestra casa con vista al mar. Tenía planeado proponerle matrimonio allí", dice Uri, quien perdió su trabajo como preparador físico cuando comenzó la crisis.
Vera estaba en el hospital cuando estalló la pandemia, siendo tratada por su enfermedad de Crohn, un trastorno inflamatorio del intestino que no tiene cura ni tratamiento eficaz.
"Los cheques de alquiler comenzaron a rebotar", dice Uri. "Ni siquiera pude encontrar un trabajo informal porque estaba con Vera en el hospital todo el tiempo".
Luego Vera y su madre –su garante, que también está discapacitada– tuvieron sus cuentas bancarias congeladas como consecuencia de los cheques de alquiler devueltos. Debido al empeoramiento de la condición de Vera, la pareja no pudo salir de su apartamento para alquilar uno más barato.
“Estoy muy mal”, cuenta Vera. “Peso 30 kg debido a mi dependencia de la alimentación intravenosa. También estoy en una silla de ruedas a consecuencia de los daños en mis nervios. Me siento agonizante. Temo encontrarme en la calle", sostuvo.
De hecho, la pareja se enfrenta al desalojo legal de su apartamento, y en los últimos meses se han acercado a todos los organismos oficiales que pensaban podrían ayudarlos.
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Itzik Shmuli, ministro de Trabajo, Asuntos Sociales y Servicios Sociales.
(Avi Moalem )
La burocracia estatal
Pero sus repetidos llamamientos al Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales y Servicios Sociales, el Ministerio de Vivienda, el Fondo de Salud Maccabi que trata a Vera, e incluso la Oficina del Primer Ministro, quedaron sin respuesta.
"El Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales y Servicios Sociales afirma que, para recibir asistencia de vivienda, una persona debe vivir en la calle durante un cierto período. Pero Vera moriría si tiene que vivir en la calle", afirma Uri.
"El Ministerio de Vivienda dice que sólo las parejas casadas pueden obtener ayuda con la vivienda pública. Incluso llamé a la policía para preguntar qué delito debería cometer Vera para poder conseguir comida y refugio."
Reut Sha'ar, director de investigaciones públicas de la Asociación por los Derechos Civiles en Israel, dice que las experiencias de la pareja se repiten en todo el país. “La historia de Vera es la historia de cientos de miles de ciudadanos que vivían en la pobreza antes de que golpeara el coronavirus y ahora están siendo arrojados a la calle”, señala.
“En nombre de Vera, solicitamos al Ministerio de Vivienda que se reconozca que tiene derecho a una mayor asistencia para el alquiler, pero hasta que se encuentre una solución permanente las autoridades sociales deben movilizarse para protegerla a ella y a otras personas en situación de ser desalojadas y arrojadas a la calle", añadió
El Ministerio de Vivienda, que conduce Yaakov Litzman, dijo en respuesta que el caso de Vera estaba retrasado por trámites.
"El ministerio ha estado trabajando con Vera, quien ha estado recibiendo asistencia para el alquiler desde 2006. Solicitó una vivienda pública pero no adjuntó los documentos que acrediten su estado de salud. Se le dejó claro que podía presentar una apelación con los documentos pertinentes", agregó en su declaración el organismo.
El Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales y Servicios Sociales agregó que ha estado ayudando a Vera. "La demandante está siendo manejada por el Departamento de Servicios Sociales, que le ha presentado posibles soluciones, que incluyen una amplia asistencia, incluida la ayuda con gastos de subsistencia y ayuda para ejercer sus derechos con otras autoridades".
Maccabi señaló, en respuesta, que su personal "continuará asistiendo a la paciente tanto como sea posible en todo lo relacionado con su atención médica. El tema de la vivienda no es responsabilidad del sistema de salud".
